Pese a
cometer violaciones de DDHH, según un informe
Las
fuerzas de seguridad británicas gozaron de impunidad en el conflicto
norirlandés
El Centro Noruego de Derechos Humanos (NCHR) publicó una
investigación que indica que la impunidad estatal es generalizada y
sistemática, lo que representa un fracaso institucional.
19 de mayo de 2024 - 00:01
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Un informe determinó que las fuerzas de seguridad británicas tuvieron impunidad pese a estar involucradas en violaciones de derechos humanos en el marco del Conflicto de Irlanda del Norte, conocido por algunos como "Los Problemas" ("The Troubles", en inglés), que tuvo lugar desde finales de la década de 1960 hasta 1998. Fue principalmente un conflicto polÃtico y religioso entre nacionalistas católicos, que buscaban la unión con la República de Irlanda, y unionistas protestantes, que querÃan permanecer como parte de Reino Unido.
La investigación titulada Legado amargo: impunidad del Estado en el Conflicto de
Irlanda del Norte fue realizada por el Centro Noruego de Derechos Humanos (NCHR) con
sede en la Universidad de Oslo, que convocó a un panel compuesto por expertos
internacionales, a petición de dos grupos de DDHH de Irlanda del Norte: el
Comité sobre la Administración de Justicia (CAJ) y el Centro Pat Finucane (PFC).
Miles
de muertes
El
conflicto de aquellos años implicó violencia sectaria y disturbios civiles, asÃ
como represión por parte de las fuerzas de seguridad. Miles de personas fueron
asesinadas durante ese periodo por diversos actores, incluidos grupos armados
republicanos (irlandeses); grupos paramilitares leales (británicos); y las
fuerzas de seguridad de Reino Unido (policÃa y ejército). "Un número
desconocido, pero elevado, de ataques fue cometido por paramilitares que
actuaron en connivencia con el Estado", subraya el informe, que calcula
que 3.720 personas
murieron y 47.541 resultaron heridas, siendo el 54% y el 68% civiles,
respectivamente.
El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 puso fin al conflicto,
manteniendo a Irlanda del Norte como parte de Reino Unido con el consentimiento
de su población. Incluyó disposiciones para liberar prisioneros,
desmilitarizar, reformar la policÃa y adoptar el Convenio Europeo de DDHH. Sin
embargo, no estableció una comisión de verdad u otros mecanismos de justicia
transicional. En muchos casos, el Estado transfirió la responsabilidad de la
recuperación de la verdad a las familias y a las ONG en lugar de a sà mismo. "El Estado demostró ser un
aliado poco confiable para establecer la verdad, perdiendo habitualmente
pruebas, tardando mucho en encontrar testigos y luchando en los tribunales para
que se retrasen los plazos", apunta el documento.
"Fracaso institucional"
El Panel enfatiza que la impunidad estatal es generalizada en el
sentido de que los asesinatos, la tortura y los tratos inhumanos por parte del
Estado implicaron un gran número de vÃctimas. Segundo, es sistémica porque esos
hechos tuvieron lugar en múltiples lugares y durante varias décadas y es sistemática porque el
Estado no cumplió con su responsabilidad de investigar todos los casos de
manera oficial, exhaustiva y transparente.
Se estima que durante el conflicto, alrededor de
30.000 personas fueron encarceladas por el Estado como miembros de grupos armados
no estatales, mientras que sólo
un puñado de actores estatales fueron encarcelados. En ese sentido, el
informe advierte que hay una enorme brecha en los procesamientos que garantiza
la impunidad para las fuerzas de seguridad involucradas en asesinatos y
violaciones de DDHH.
"Las pruebas presentadas en el informe muestran
que la responsabilidad por las
violaciones de DDHH cometidas por agentes estatales durante el conflicto no
puede atribuirse a 'unas pocas manzanas podridas'”, señalan los expertos.
"No está claro hasta qué punto la impunidad del Estado es deliberada (por
ejemplo, surgió por diseño y con intención) o accidental (por ejemplo, surgió
por omisiones, incompetencia y negligencia). Cualquiera que sea la causa, la
evidencia presentada en este informe es indicativa de un fracaso institucional",
remarcan.
La abogada argentina experta en DDHH y justicia
transicional, MarÃa
José Guembe, fue una de las participantes del panel convocado
por el NCHR. En diálogo con PáginaI12, la integrante del Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) dijo que le sorprendió el modo en que se obstaculizaron las investigaciones de todos los
crÃmenes sin que hayan existido leyes que garantizaran la impunidad, como las
hubo en nuestro paÃs.
"Durante el conflicto las investigaciones se
vieron afectadas por la falta de independencia y por decisiones procesales como
la de no permitir la participación de los familiares de las vÃctimas ni hacer
lugar a ninguna prueba ofrecida por ellos", explicó. "Terminado el
conflicto muchos vicios de las investigaciones anteriores sirvieron para
mantener la impunidad: declaraciones a imputados que resultaron inválidas,
acusados cuyas identidades no pudieron ser repuestas porque se habÃan 'perdido'
las actas que resguardaban los datos de identidad, pruebas que ya no se podÃan
producir, entre tantos otros vicios", detalló.
"La
conducta estatal durante el conflicto y con posterioridad forma parte de un
patrón recurrente desde el colonialismo. Cuando garantizan la impunidad de
los soldados que actuaron hace 50 años están protegiendo a los que están
activos en la actualidad y que participan en diversos conflictos en diversas
partes del mundo", añadió la abogada.
Ley de
Legado y Reconciliación
En 2014, se llegó a un nuevo acuerdo, el Acuerdo de
Stormont House (SHA), entre los gobiernos británico e irlandés y los
principales partidos de Irlanda del Norte. Propuso crear dos nuevos organismos:
una Unidad de Investigaciones Históricas (HIU) para investigar muertes no resueltas
relacionadas con el conflicto, y una Comisión Independiente de Recuperación de
Información (ICIR) para que las vÃctimas y los sobrevivientes obtengan
información privada sobre las muertes de familiares.
Sin embargo, el gobierno británico no cumplió con varias
de estas obligaciones en virtud de la SHA y en su lugar aprobó en
2023 la Ley de
Legado y Reconciliación, que puso fin a partir del 1 mayo de este año a todas
las investigaciones que aún estaban en curso. En reemplazo, la Ley
estableció la creación de la Comisión Independiente para la Reconciliación y la
Recuperación de Información (ICRIR) para examinar los casos heredados, aunque
sin facultades de acceso a documentación reservada y sin ningún apoyo de las
vÃctimas ni las organizaciones de DDHH. Sobre esto, el panel precisa: "La
Comisión tendrá un mandato de investigación mucho más débil que el de los
órganos judiciales y policiales a los que reemplaza. A pesar de ello, tiene la facultad de conceder inmunidad
condicional a autores de delitos graves relacionados con el conflicto".
En oposición a la nueva ley, el Gobierno irlandés
presentó una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
contra Reino Unido a principios de este año. Al respecto, Guembe indica que la
Corte Europea intervino en muchos casos en los que se denunciaba la impunidad
de los crÃmenes estatales durante el conflicto y, en el marco de esos procesos,
Londres se habÃa comprometió a implementar una serie de mecanismos especiales
para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables, asà como para
proveer medidas reparatorias para las vÃctimas. "La República de Irlanda
fue parte de esos compromisos, por eso hoy denuncia el incumplimiento",
explica.
"Si bien Gran Bretaña nunca implementó esos
mecanismos, se pusieron a disposición de las vÃctimas algunos otros que, sin
ser tan adecuados ni eficaces, empezaban a dar algunos resultados. Y por eso se
dictó esta ley que garantiza la impunidad", apunta la experta del CELS. Y
remarca: "La
denuncia del estado irlandés favorece la situación de las vÃctimas y sus
organizaciones, que esperan que la amnistÃa se retrotraiga. El escenario es
difÃcil pero no imposible".
Informe: Axel Schwarzfeld
Fuente: Página/12
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