La última dictadura sancionó más de dos mil decretos, que circularon como leyes. El primero que maquilló el término para legalizar lo ilegítimo fue Onganía y en el marco de la “Revolución Argentina”, a las decisiones de uniforme se las pasó a llamar Decreto-Ley. Una década más tarde, al “Proceso” le pareció que podía profundizar el triunfo del relato cívico-militar y rebautizó a esas órdenes, quitando la palabra decreto. Casi 470 bandos firmados entre 1976 y 1983 aún siguen vigentes, fundamentalmente la Ley de Entidades Financieras, con la que el mercado defiende en el presente la especulación para seguir multiplicando los panes. En tiempos de Videla, los ocupas de la Rosada crearon un falso Parlamento, reemplazando a los legisladores por un miembro de cada Fuerza y así nació la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Tres a los que nadie votó, custodiando los privilegios de la minoría, en detrimento de los derechos colectivos.

La Argentina de Martínez de Hoz, se basaba en la recepción millonaria de crédito externo, para sostener la mentira interior. Fábricas cerradas y bancos bien abiertos, aparato productivo destruido y “patria financiera” de turno las 24 horas.

En Estados Unidos gobernaban los republicanos. El presidente era Gerald Ford y el vice, Nelson Rockefeller, hermano de David, presidente del Chase Manhattan Bank y amigo personal de nuestro ministro de Economía. Esta sociedad entre la familia que fundó la Standard Oil y los padres de la Rural fue clave para que ingresaran al país, entre 1976 y marzo del 81, préstamos por casi 20 mil millones de dólares.

El 4 de febrero de 1977 la dictadura confirmó la reglamentación de la Ley de Inversiones Extranjeras (21.382), norma que fijó las pautas de las futuras “inversiones”, que en realidad no eran otra cosa que capitales especulativos entrando y saliendo con la autoridad natural del zorro en el gallinero.

El país se convirtió en una zona liberada, apenas con controles formales, para que los capitales golondrinas jugaran a tasas altísimas y fugaran las ganancias. Diez días después fue presentada la Ley de Entidades Financieras, diseñada por Adolfo Diz, exdirector Ejecutivo del FMI (1967-1968) y luego representante económico de la dictadura ante la Comunidad Europea (1969-1973).

Técnicos del Banco Central redactaron el primer borrador del proyecto en el 76 y luego Economía creó una Comisión Asesora Honorífica para la opinión final. El grupo estaba integrado por el vicepresidente segundo del Central, José Carlos Jaime; los banqueros Benedicto Bianchi, Luis María Gotelli, Pablo Terán Nogues y Rodolfo Guido Martelli y por supuesto, representantes de las tres armas.

El texto llegó a la CAL el 28 de diciembre de 1976 y, después de un mes de reuniones, propuso al Ejecutivo que se aprobara con algunas modificaciones. El 21 de febrero salió publicada en el Boletín Oficial y la divulgación fue acompañada por un texto de Martínez de Hoz: “Establecer un adecuado marco para el desenvolvimiento de un sistema financiero apto, solvente y competitivo”.

La teoría juraba que la 21.526 iba a “regular la creación, organización y funcionamiento de las instituciones intermediarias, entre la oferta y la demanda de recursos financieros”. Que iba a “supervisar y controlar el sistema a través del Banco Central, velando por la estabilidad y protegiendo a los clientes”.

La realidad fue muy distinta. La Ley de Entidades Financieras fue la locomotora para armar la nueva matriz económica argentina, le entregó al poder financiero todas las herramientas para instrumentar el saqueo, matar a la industria y condenarnos al subdesarrollo. Bancos, compañías financieras y cajas de crédito pasaron a ser las armas del “poder real” para quedarse con todo y hacer de la Argentina fabriquera un mini paraíso fiscal. La ley de la selva se hizo cargo del sistema y la tentación fue la búsqueda ilimitada del rédito económico.

El artículo 56 fue el primer dolor de cabeza. La ley creó un régimen de garantía total de los depósitos para cubrir a los privados, que curiosamente reclamaban “igualdad de condiciones”, con la banca pública: el Estado como bombero en caso de quiebra. A mediados de 1979, 19 entidades financieras menores mostraron que un balance en rojo podía transformarse en un negocio millonario y tuvieron que ajustar la Ley. Tomar depósitos a una tasa altísima, para después presentar la quiebra; el Estado pagaba y los estafadores fugaban la ganancia a toda velocidad.

Hasta el padre de la criatura entendió que se estaban pisando la sábana entre fantasmas: “Hemos visto cómo dentro del sistema han crecido ciertos bancos gracias a la garantía del Estado -dijo el titular del Palacio de Hacienda-. Pero no se puede favorecer un negocio particular para que crezca a costillas de una garantía del Estado. Sin quererlo, hemos garantizado la irresponsabilidad de algunos, que no tuvieron la madurez necesaria para usar la libertad con responsabilidad”. El capital no hizo otra cosa que responder a su naturaleza y el escorpión picó a la rana sin medir las consecuencias. Aquel artículo fue reemplazado por un régimen de garantía “optativo y oneroso”, que era voluntario y por el que se pagaba una prima muy importante.

La quiebra del Banco de Intercambio Regional, en marzo de 1980, fue el principio del fin para la primera parte de un reinado que lleva 49 años. 250 mil ahorristas en dólares colgados del pincel. Los depósitos del BIR representaban casi el 13% del total del país.

La Ley de Entidades Financieras impulsó la extranjerización de la banca, un fenómeno que se acentuó a partir de la década del 90. Cavallo organizó el oulet en las puertas de diciembre de 2001, imponiendo la bancarización de la vida cotidiana. Justo cuando el corralito había convertido a las entidades financieras en el enemigo público número uno de millones de ahorristas. A partir de ese momento y con el cobro del salario vía bancos, los créditos personales pasaron a manejar un importante porcentaje del flujo de capital en detrimento de la financiación productiva. Y las tarjetas de crédito se transformaron en una de las mayores fuentes de ingresos bancarios y el ancla familiar a través de intereses usurarios.

En el siglo 21 las entidades públicas se redujeron a la mitad con relación a 1976 y un puñado de bancos extranjeros pasaron a concentrar el 80% del mercado. El gran resultado del experimento, a pesar del descrédito pasajero que vivieron en 1980 y 2001, convirtió a los bancos en el gran vencedor de la economía argentina después de la dictadura. Martínez de Hoz nunca se fue.

Fuente: Página/12

Se propone como modelo un país sin instituciones democráticas, con un Presidente en situación irregular y otro mal destituido. El Congreso tiene un rechazo mayor al 92 por ciento. La fiscal de la Nación fue destituida también por “abrir carpetas fiscales” a los congresistas (la regla tácita en Perú al parecer es que al Congreso “nadie lo investiga”). Hacerlo cuesta el cargo, como le sucedió a Delia Espinoza.

El fiscal “interino” decide desactivar comisiones porque, según él, éstas ya han “cumplido su ciclo”. Pero no queda claro de a qué “ciclo” se refiere, porque no han entregado aún ningún resultado concreto. Las denuncias están dispersas y a cargo de otros fiscales, que no conocen el asunto que deben sustentar. Es una forma indirecta de desdibujar un proceso.

El documental Uyari (escuchar en quechua), que expone el drama de las víctimas de las protestas en 2022, quiso ser censurado el día de su estreno (lo mismo sucedió hace dos años en Miraflores con la presentación de un informe de Amnistía Internacional, titulado ¿Quién disparó la orden?). Las familias escribieron una petición formal “Cinepolis, no retrocedas”, para que las salas comerciales no desistieran de proyectar la película. Finalmente lo hicieron. Fue un éxito “comercial”. Las salas están llenas por algo.

Pero en este contexto dramático, escuchamos que se propone repetidamente a Perú como “modelo” a seguir. Esta idea se basa en la pretendida estabilidad financiera o cambiaria, en la “solidez macroeconómica” del hermano país. Por eso se pasea su presidente del Banco Central por Argentina y el mundo, impartiendo “clases”.

Pero detrás de estas “clases” de “economía” pasan cosas. Hay un Presidente rural mal destituido. El reglamento del congreso establece un piso mínimo de 104 votos para vacar legalmente a un Presidente. Castillo fue vacado con 101. Esto es: tres votos menos que el piso mínimo que establece la ley. Su vacancia, en consecuencia, para cualquiera que sepa sumar, es jurídicamente nula. Carece de validez. Aun asi, como es un cholo de la Sierra, nadie lo dice. Ninguna institución judicial se atreve a decir lo que es obvio. Como es un “cholo” parece que sus derechos políticos valieran menos que los demás.

Con las vidas perdidas sucede algo semejante. Al tiempo que había manifestaciones en Perú luego de la caída irregular de Castillo, hubo también graves protestas en Francia contra la reforma laboral de Macron. Pero en Francia no murió nadie. En Perú, donde las manifestaciones fueron mucho más pacíficas que en París, murieron más de 50 personas y cientos quedaron heridos, ciegos, o en sillas de ruedas, postrados. ¿Una vida en Perú vale menos que una vida en Francia? ¿En Perú no se puede protestar y en Francia sí? Esas vidas están aún esperando que algún juez las investigue. Nadie lo hace. No hay ningún condenado. El fiscal “interino” para colmo “desactiva” a los equipos especiales que estaban “investigando” esas muertes, dejando los casos a la deriva. No hay voluntad real de llegar a la verdad. Como Castillo, los muertos son vidas “de segunda”. Sus vidas valen menos: no son de la ciudad. Son de la Sierra. Ese día no murió cualquiera. Ni en cualquier lugar. La policía sabía bien a quién disparar. Y dónde hacerlo. Eso tiene un solo nombre: racismo.

El relator de Guatemala para Perú sostuvo en un informe, en mayo de 2023, que hubo “actos no amparados por el derecho de protesta”. Es una formulación cómplice que debe ser descartada. Murieron jóvenes a perdigonazos disparados a corta distancia, fuera de todo protocolo. Jóvenes que salieron a la calle sin armas a manifestarse (igual que en Francia, en la misma fecha). Y fueron brutalmente asesinados por un Estado. Esos rostros de chicos, que viven en los retablos ayacuchanos, una forma de arte andino, nos interpelan. No los podemos dejar ir. Los peruanos hacen romerías. Las calles de Ayacucho hablan, diría Argüedas, cuyo “llamado a algunos doctores” deberían releer los fiscales y jueces de ese país que algunos proponen desde Argentina encima como “modelo” a seguir por su “estabilidad” cambiaria y política…


Fuente: Página/12

Durante los últimos meses el sonido penetrante de los silbatos ha impregnado el aire de Minneapolis-St.Paul (“las ciudades mellizas” cómo las llamamos en EEUU). Es el símbolo y la acústica de la resistencia generalizada de los pobladores a la “Invasion of the Body Snatchers”, los más de 3000 agentes Federales (de ICE y Border Patrol) enviados por Donald Trump para “poner orden” a uno de los centros urbanos más pacíficos de los Estados Unidos.

Los silbatos, combinados con las bocinas de los autos particulares, sirven como aviso a los vecinos del barrio de que la policía anti-inmigracion están merodeando en la zona y no sólo deteniendo inmigrantes, sino a cualquier persona que ellos consideren sospechosa. Eso quiere decir gente no blanca, seres humanos que hablen otro idioma que el inglés o tienen un acento pronunciado, o aun ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el medio de las razzias mientras protestan o filman con su celular dichos procedimientos. Todo esto sucede en medio del frío invierno de Minnesota (con temperaturas mínimas de 25 grados bajo cero), donde los manifestantes además de los silbatos tienen otros creativos métodos de resistencia, como cuando detectan las calles donde los agentes de ICE centran sus operaciones, arrojan agua en la calle y las veredas que rápidamente se convierte en hielo y hace que esas zonas sean intransitables.

Minnesota es un estado del norte de Estados Unidos muy especial. Nos ha dado gente tan importante y diversa como Bob Dylan, Prince, F. Scott Fitzgerald, los hermanos Coen, Judy Garland, Al Franken, Terry Gilliam, etc. Allí se creó una forma de música rap importante, que se llama Minneapolis hip-hop. Allí está el mejor hospital de Estados Unidos (Mayo Clinic). Es un estado que tiene una gastronomía muy sofisticada con algunos de los mejores restaurantes y chefs de todo el país.

Las políticas progresistas de Minnesota datan al siglo XIX, influenciadas por el flujo de inmigrantes europeos, especialmente de los países escandinavos, de Alemania y Rusia, que al llegar formaron el partido Farm Labor (FL) de ideas progresistas. En 1944 el FL se unió al Partido Demócrata, y juntos crearon el Democrat Farm Labor (DFL) que ha controlado muchos de los puestos electorales y administrativos durante los últimos 80 años. Uno de los máximos referentes del movimiento anti-guerra de Vietnam en los años sesentas y setentas fue el Senador nacional por Minnesota Eugene McCarthy, también del DFL (nada que ver con el famoso senador creador del macartismo) quien llegó a reunirse con el Che Guevara en Nueva York en 1964, cuando el líder revolucionario dio su famoso discurso en la ONU. En 2019 Minnesota eligió como gobernador a Tim Walz, considerado el mandatario estatal más progresista del país, que luego en 2024 fue candidato a vicepresidente de Kamala Harris.

Minnesota es uno de los estados más hospitalarios con los inmigrantes, en los últimos años ha recibido personas de América Latina y más que nada es un centro de refugiados de Somalia y Etiopía, que se han transformado en una parte importante de la cultura actual de Minnesota. Quizás por eso, dada la historia de ser un lugar de asilo para africanos y dado el poder del Partido Demócrata allí, la administración Trump eligió a Minnesota y en particular a las ciudades mellizas como blanco de su sangrienta represión.

En los últimos quince días dos personas fueron asesinadas por los agentes federales en Minneapolis: Renee Nicole Good, una poeta, madre de un niño de seis años y Alex Pretti, un enfermero de terapia intensiva en un hospital de veteranos, ambos de 37 años. Los dos fueron ejecutados en incidentes filmados y es obvio que los mataron a sangre fría. Las acusaciones de Trump y sus oficiales llamando Good y Pretti “domestic terrorists” (terroristas domésticos), es una burla para cualquier persona que haya visto esas imágenes. Eso se tradujo en indignación pública y marchas multitudinarias en varias ciudades del país, incluyendo la de Minneapolis el 23 de enero cuando 50,000 personas protestaron por los asesinatos y reclamaron el retiro inmediato de las tropas federales.

Trump finalmente pareció ceder a las presiones y sacó de Minnesota, a Greg Bovino, el líder de las fuerzas federales que le gustaba vestirse como un oficial de las SS Nazi. También hay indicios de que los que cometieron los asesinatos de Good y Pretti van a tener que responder ante la justicia.

Pero estos últimos meses en Minnesota (como pasó antes en Portland, Chicago y Los Ángeles) traen a mi memoria los tiempos vividos como corresponsal extranjero cubriendo América Latina durante las últimas cuatro décadas. Memorias de El Salvador y Guatemala durante los ochentas, o Chile bajo Pinochet. Memorias de detenciones por fuerzas de seguridad sin identificación, con pasamontañas o máscaras escondiendo sus rostros. Memorias de uniformados deteniendo irregularmente a ciudadanos en autos o en la calle y baleandolos. Memorias de personas incomunicadas con el mundo, en cárceles inmundas. Memorias de lo que aqui en Argentina llaman Terrorismo de Estado

Donald Trump dice que está tratando de deportar a millones de inmigrantes, diciendo que ellos vienen de países de mierda (shithole countries). Pero la realidad es que Estados Unidos, el país donde nací, me crié y vive la mitad de mi familia, se está convirtiendo rápidamente en un shithole country.

Fuente: Página/12

“Hay cierta contradicción en el hecho de que esta reforma laboral, que según el gobierno está pensada para crear empleo, comience facilitando los despidos”, comenta -entre la ironía y la amargura- Matías Cremonte. Abogado laboralista, Cremonte es un conocedor de los conflictos que atraviesan los trabajadores en la Argentina y un especialista en derecho del trabajo reconocido en la región: el año pasado fue reelecto como presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL). Sobre el proyecto de reforma laboral que el Congreso comenzará a tratar en menos de veinte días no tiene medias tintas: lo considera “el ataque más brutal a la acción colectiva desde los tiempos de la dictadura”.

¿Por qué? Lo explicará en lo que sigue de la nota. “Empecemos por lo que la reforma laboral no es -dice a Página12-. El proyecto plantea que va a modernizar las relaciones laborales y generar empleo, pero eso es falso. Existen numerosos estudios de la OIT, de la OCDE, de Naciones Unidas que analizan reformas laborales en el mundo, y en todos los casos llegaron a la conclusión de que nunca una reforma laboral fue la responsable de generar crecimiento económico o crecimiento del empleo, porque lo que en realidad genera condiciones para que se contraten más trabajadores no son las leyes sino la política económica. El gobierno sabe que lo que plantea es falso, y tiene perfectamente claro que no va a ocurrir lo que anuncia como objetivo de la reforma”.

-¿Cuál sería su verdadero objetivo, entonces?

-Un aumento de la rentabilidad empresaria y del sometimiento de los trabajadores, que van a perder muchas de las herramientas que hoy tienen en el marco de un contrato de trabajo. Lo que busca además el gobierno es disciplinar la acción colectiva y a los sindicatos.

-Vayamos por sus puntos concretos. Con esta reforma laboral, ¿qué va a pasar con las horas extras?

-Dejarían de existir. Es decir, dejaría de abonarse un recargo por la hora que se trabaja por fuera de la jornada normal.

-Por qué?

-Porque desaparecería la jornada diaria de ocho horas. En su lugar pasaría a haber un banco de horas, que va a contabilizar las horas trabajadas en un periodo más amplio, mensual o trimestral. La obligación pasaría a ser trabajar una cantidad de horas por ese periodo mucho más largo, al final del cual se contabilizarían cuántas horas se trabajó. Si se trabajó de menos hay que devolverle a ese banco las horas que se adeudan, trabajar más en el periodo siguiente, pero si se trabajó de más no hay derecho a percibir el pago de esas horas, ni mucho menos con recargo, sino que en todo caso el trabajador tendrá un descanso compensatorio. Pero ni siquiera está establecido cuándo, siempre queda sujeto a la voluntad discrecional del empleador.

-¿Qué va a pasar con las vacaciones?

- También es la discrecionalidad del empleador la que va a determinar cuándo se pueden tomar. Si bien el proyecto mantiene la misma cantidad de días de descanso anual, lo que modifica es que las vacaciones se puedan fraccionar en hasta 3 veces en el año y que el empleador va a disponer cuándo el trabajador puede tomarlas. La única salvedad es que, una vez cada 3 años, ese descanso deberá ser en el periodo de verano. Entonces, tanto con el banco de horas como con las vacaciones fraccionadas, algo que era parte del derecho del trabajador a organizar su vida por afuera del trabajo, ahora se pierde. Se perderá el derecho de las personas a organizar su vida fuera del trabajo, tanto su descanso como sus vacaciones.

-Las indemnizaciones por despido ¿pasarían a ser más baratas?

- Sí, se van a reducir porque se calculan en base al salario más alto del año, pero el proyecto dispone que se tome un salario sin premios ni aguinaldo ni vacaciones. Y eso no es lo más grave: lo realmente nocivo es que se crea un fondo de asistencia laboral, el FAL, al cual los empleadores deberán aportar un 3% del salario de cada uno de sus empleados. Ese fondo va a ser administrado por aseguradoras y es un gran negocio financiero, como lo fueron las AFJP, como lo son las ART. Cuando un empleador quiera despedir a un trabajador sin causa, va a retirar de ese fondo la indemnización. Pero lo perverso de esto es que, como se incrementan en un 3% los aportes patronales, porque es un aporte nuevo el que se crea para el Fondo de Asistencia Laboral, como compensación se van a reducir los aportes previsionales que hace el empleador, en un 3%. Entonces, lo perverso es que en realidad quienes estarán aportando a ese Fondo de Asistencia Laboral van a ser los propios trabajadores, porque eso reduce el aporte a sus jubilaciones. Serán los trabajadores quienes van a estar subsidiando sus propios despidos.

Cremonte advierte sobre otra consecuencia de los cambios que impulsa el gobierno. Al abaratar las indemnizaciones, éstas dejarán de ser una penalidad que desincentiva los despidos sin causa. “Eso contradice el deber del Estado de proteger los puestos de trabajo”. Habla también de la incongruencia de un proyecto que supuestamente viene a “modernizar” la ley laboral, pero que desconoce las nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, deroga la ley de teletrabajo y con ella las protecciones que tenía el trabajo remoto, como el derecho a la desconexión o a que el trabajador no tenga que afrontar los gastos extras de trabajar en su casa. ”La ley de teletrabajo es probablemente la más moderna que existe en nuestro país, y pretenden derogarla sin proponer un proyecto alternativo”. Para los repartidores de aplicaciones la reforma será directamente letal, porque los desconoce como trabajadores. El proyecto los nombra como “repartidores independientes”, explica Cremonte, “y considera que la relación entre los repartidores y las empresas de plataformas es una relación comercial entre iguales, lo que por supuesto va ar perpetuar las condiciones de precariedad más absoluta que hoy tienen los repartidores”.

Pero donde Cremonte ve el peligro más fuerte es en el ataque a la acción colectiva, porque la reforma restringe la posibilidad de que los trabajadores hagan asambleas y limita el derecho a huelga. “La posibilidad de hacer un paro es restringida de manera casi prohibitiva al ampliar lo que se considera servicio esencial a casi la totalidad de las actividades”, señala. Como parte del mismo combo, el proyecto habilita a que, en negociaciones por empresa, se pierdan derechos ganados en los convenios por actividad. Y pone fin a la ultraactividad de los convenios colectivos -que hoy permite que continúen vigentes hasta que se firme uno nuevo-. “Esto va a ser una espada de Damocles para los sindicatos, que van a tener que apresurarse a negociar antes de la fecha límite, y seguramente no en las mejores condiciones, a cambio de no perderlo todo”. En síntesis, remarca“se trata del ataque más brutal a la organización sindical desde la época de dictadura”.

-Parte del debate de cómo frenar la ley, y algunas propuestas ponen el foco en ir a la Justicia. ¿Se podría anular la ley luego de ser sancionada, por ejemplo planteando su inconstitucionalidad?

-El proyecto es inconstitucional y contraría una cantidad enorme de tratados internacionales, por donde se la mire es una ley que puede ser declarada inconstitucional. Ahora, eso no significa que vaya a ocurrir rápidamente, como ocurrió por ejemplo con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.

-¿Por qué?

-Porque ya no se tratará de un DNU sino de una ley sancionada por el Congreso Nacional, y si se sanciona como ley no es tan fácil que se declare la inconstitucionalidad de todo el texto. Puede ser de algún capítulo que sea manifiestamente inconstitucional, por ejemplo el que restringe de manera casi absoluta el derecho de huelga, ese puede ser declarado inconstitucional a pedido de algún sindicato o de las centrales sindicales... pero con una norma tan regresiva y que supone un perjuicio tan brutal para todas las personas que trabajan, no podemos esperar a que se transforme en ley y a que luego el Poder Judicial venga a suspender en todo o en parte su contenido. En lo que debemos trabajar los que formamos parte o que estamos preocupados por la defensa del derecho del trabajo es en que no se sancione la ley. El movimiento obrero tiene herramientas constitucionales para oponerse, como el derecho de huelga, el derecho de protesta, el derecho de manifestación. Los representantes del pueblo dentro del Congreso no deberían sancionar una ley que va a perjudicar a la totalidad de los trabajadores.

-La reforma laboral ¿va a perjudicar tanto a los trabajadores registrados como a los informales?

-Va a perjudicar a todos, tanto a los formales como a los informales, porque la legislación laboral se aplica a todos, incluso a quienes no son reconocidos o cuya relación no está registrada por el empleador. Cuando se reducen los derechos de los trabajadores formales se reducen los de todos porque se cae el parámetro.

El biólogo molecular y biotecnólogo argentino Ernesto Resnik está acostumbrado a hablar de temas científicos, pero no es indiferente a lo que está ocurriendo en Minneapolis. El desembarco de unos 3 mil agentes del polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trastocó la vida de esta ciudad tranquila del norte de Estados Unidos. Residiendo allí hace más de 30 años, Resnik explica el funcionamiento de estos “grupos de tareas” que tienen el “perverso incentivo” de cumplir con una cuota diaria de 3 mil migrantes detenidos.

Tras la muerte de Renee Good, de 37 años, en medio de una redada en Minneapolis, la ciudad fue testigo de una ola de protestas contra la actuación de los agentes federales. Como respuesta, los agentes del ICE y otras agencias federales endurecieron su campaña en la ciudad y empezaron a hacer detenciones en casas donde, supuestamente, residen familias de inmigrantes indocumentados y “personas peligrosas”. En diálogo con Página/12, Resnik lamenta que la clase política estadounidense esté haciendo poco para frenar a Trump y celebra que en cambio “la resistencia está siendo llevada a cabo por la gente en las calles”.

- En todos estos años, ¿había vivido una situación similar a esta violencia ejecutada por el ICE?

- No, Minneapolis era una ciudad tranquila. No pasaba nada. Obviamente en 2020 ocurrió lo la muerte de George Floyd y se armaron protestas gigantescas que se esparcieron por todo Estados Unidos, pero nada como esto. En estos momentos algunos barrios de Minneapolis viven bajo una especie de ocupación militar, es lo que dijeron el gobernador y el alcalde y es literalmente así. Todos los días escuchás historias de cómo pararon a alguien, y además ya mataron a Renee Good. La policía es una fuerza relativamente mucho menor que estos agentes del ICE que vinieron a la ciudad. Es raro cruzarte un día con un patrullero.

- ¿Hubo cambios importantes a nivel demográfico o migratorio en la ciudad?

- Cambios brutales. Desde que llegué acá para estudiar en la Universidad de Minnesota, no había casi inmigrantes de ningún lado, era una población muy homogénea, blanca, con un porcentaje muy pequeño de población negra. Había una población inmigrante cuando yo llegué que era la vietnamita que apoyó o se alió al ejército norteamericano en la guerra de Vietnam. En los últimos 25 años se dio una gran inmigración mexicana, después vinieron varios miles de ecuatorianos y más recientemente inmigración somalí. La ciudad cambió mucho en ese sentido.

- Aprovechando que está en el lugar de los hechos, ¿podría contar cómo opera el ICE?

- El problema principal son las cuotas con las que opera el ICE. Hay un tipo que es el personaje para mí más siniestro del gobierno de Trump que es Stephen Miller, el encargado de la política inmigratoria, lo escuchás hablar y si le pones un filtro de 1930 al video se parece a un nazi directamente. Miller anunció unas cuotas por las que el ICE necesita atrapar 3 mil personas por día en todo Estados Unidos. A Minneapolis mandaron el destacamento de tropas más grande de la historia, 3 mil agentes, y ahora dicen que van a mandar 1.500 más. Chicago es por lo menos 5 o 10 veces más grande que Minneapolis, pero mandaron a unos cientos de agentes. Entonces operan con listas que son trabajadas por apps, la empresa Palantir aparentemente les provee distintas bases de datos inmigratorias, de policía, de salud. Cualquier nombre de una persona que crean o sepan que no tiene datos migratorios, entra en la lista de tipos a quienes ir a buscar. Por ejemplo, van a la salida de las escuelas esperando “cazar” al tipo que tienen en la lista. Son grupos de tareas, andan por las calles chequeando patentes a ver si pueden cazar a uno, porque tienen este perverso incentivo de que necesitan alcanzar determinados números de gente.

Hace dos días agarraron a un vietnamita por error. Fueron a buscarlo a la casa, lo sacaron en calzoncillos con 20 grados bajo cero de temperatura. Eso cuenta como que cumplieron un caso más, o sea, en la lista del número de gente que tienen que cazar, el tipo cuenta, aunque haya sido un error. Los mismos números del Departamento de Seguridad Nacional indican que el 75 por ciento de los capturados no tiene ningún antecedente criminal. Dentro del otro 25 por ciento hay que ver a quienes consideran ellos criminales, porque si tuviste una multa de auto, ellos te consideran ‘criminal’. A tal punto que ahora salió en un diario local que de 13 detenidos que Trump presentó con fotos como criminales, violadores, abusadores de menores, la mitad de ellos en realidad ya estaban en prisión. Lo que hicieron fue ir a buscarlos, sacarlos de prisión y dárselos al ICE para que aparezca en las listas que capturaron a ‘personas peligrosas’.

- Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección si se mantienen las protestas en Minneapolis. ¿Lo ve capaz de hacerlo?

- Con Trump uno siempre cree que lo que dice que va a hacer no puede ocurrir. Y ya tenemos tantos ejemplos donde lo que dice termina haciéndolo que, la verdad, temo por eso. Es una ley que le encanta, lo dijo textualmente: ‘No tengo que justificar nada a nadie. Mando las tropas y se acabó’. Sería un incremento de violencia innecesaria, sin antecedentes. Lo que ocurre es que hace lo que quiere porque se siente todopoderoso, pero después va y pierde las elecciones. Estamos todos esperando que llegue noviembre para que le den una paliza en los comicios de medio término, y entonces los tipos que lo rodean lo calmen.

- El martes el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, llamó directamente a “abolir” al ICE. ¿Hay también resistencia entre algunos dirigentes republicanos?

- No, y entre los demócratas te diría que tampoco. Ayer varios jefes de policía de suburbios dieron una conferencia de prensa diciendo que estos tipos de ICE están arrestando a sus propios colegas simplemente por ser latinos. Pero la verdad es que salvo Mamdani o Bernie Sanders, hasta en el partido demócrata todos viven arrastrados por si acaso. Hay un descontento bastante grande hasta con la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. No solo no vienen acá a poner el cuerpo contra un abuso impresionante a la población, sino que Ocasio-Cortez ni siquiera dijo nada todavía. La resistencia está siendo llevada a cabo por la gente en las calles. Lo interesante es el por qué. Porque afectan a tu barrio, afectan a la escuela de tus chicos, afectan a todos los restaurantes latinos que están cerrados o abiertos pero con llave, con lo cual tenés que acercarte para que vean que tenés cara de que no sos del ICE para abrirte la puerta. Están afectando la vida de tus vecinos.

- El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que no investigará la muerte de Renee Good, alegando que el policía que disparó actuó en defensa propia. ¿No es un mensaje peligroso para el avance de la investigación?

- Sí, totalmente. El primer escándalo fue que el FBI se negó a colaborar, compartir los datos de la investigación con lo que sería el Bureau de Investigaciones del estado de Minnesota. Eso normalmente no ocurre. Ahora también se niegan a investigar al tipo que cometió el crimen. Es peligroso, pero por otro lado confiamos en que la justicia dentro de todo en Estados Unidos funciona. Hay jueces que le ponen freno a Trump y a los atropellos. En este momento la ciudad y el Estado le están haciendo juicio al gobierno federal por lo que está haciendo acá y por esto de la investigación. Todo esto es increíble de verdad, pero es Trump.

Fuente: Página/12