Horacio Pietragalla Corti presidirá la comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados. El diputado de Unión por la Patria (UxP), que es uno de los nietos encontrados por las Abuelas de Plaza de Mayo, buscará darle al cuerpo legislativo una nueva impronta en la que se combinen la conmemoración de los 50 años del golpe, la denuncia sobre el desmantelamiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos y las violencias que fomenta el gobierno libertario y el reclamo por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner.

Este martes, la comisión eligió a parte de sus autoridades. Pietragalla Corti será su presidente y su vicepresidenta primera, Mónica Frade, de la Coalición Cívica (CC). Todavía en el Congreso, Pietragalla Corti conversó con Página/12.

—¿Qué expectativas tiene para la Comisión de Derechos Humanos?

—Por lo menos, que empiece a tener un rol. Creo que en estos dos años lo único que hizo fue tratar temas más bien laterales: la pandemia, algunos casos puntuales. Se la usó de manera especulativa para obtener rédito político en una situación compleja del país. Hubo hechos de violencia institucional durante la pandemia, que también abordamos desde la Secretaría de Derechos Humanos, pero no hubo un trabajo parlamentario sostenido. En el marco de los 50 años del golpe, entendemos que es clave que el Congreso recupere un rol en materia de derechos humanos. No solo respecto de la dictadura o la violencia institucional, sino también frente a cada derecho que se va cerrando o clausurando en la discusión política del actual Gobierno. Hoy hay un retroceso muy grande en políticas que hicieron de Argentina un ejemplo a nivel mundial.

—¿Qué rol debería cumplir entonces la comisión?

—Al menos visibilizar. El Congreso es una caja de resonancia. Si nos bloquean la posibilidad de avanzar parlamentariamente —como pasa en casi todas las comisiones—, que al menos funcione como un espacio donde se escuchen los conflictos. Recibir, sobre todo, a las víctimas y a quienes están sufriendo este proyecto neoliberal. También queremos organizar ejes de trabajo y acciones paralelas: audiencias, convocatorias a organismos, incluso al Poder Judicial. Hoy tenemos a una referente como Cristina Fernández de Kirchner proscripta en una causa sin pruebas, condenada con un arresto arbitrario. Eso también forma parte de lo que queremos visibilizar. Pero no es solo el caso de Cristina: hoy está todo en discusión. Antes de la reunión de la comisión, recibí a familiares de personas detenidas. Está la situación en los servicios penitenciarios en un contexto de crisis económica, la discapacidad, la libertad de expresión, la protesta, la represión. Hay una tarea muy grande por delante. Desde el Congreso tenemos que contrarrestar lo que pasó en estos dos años y visibilizar lo que está haciendo el Gobierno de Javier Milei.

—Entonces, los ejes serían los 50 años del golpe, la situación de Cristina y la violencia institucional. ¿Está hablando esto con los organismos?

—Sí, claro. Los organismos estaban al tanto de que podíamos llegar a tener esta posibilidad y manifestaron al bloque la importancia de que la comisión funcione. Van a tener un rol fundamental, tanto en la visibilización como en expresar sus preocupaciones. No solo los organismos históricos de familiares, sino también los más técnicos, como el CELS o la APDH, que siguen de cerca los juicios de lesa humanidad y las presentaciones internacionales. También queremos visibilizar la falta de respuesta del Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

—¿Y con el Ejecutivo puede haber algún canal de diálogo?

—Habrá que ver qué pasa con el cambio en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Si hay un poco más de sinceridad en la agenda de derechos humanos, quizá se pueda construir algún tipo de diálogo. De nuestra parte, la idea es escuchar y respetarnos. También marcar un límite a ciertas actitudes de diputados libertarios que, por momentos, parecen estar en una fiesta cuando se discuten temas muy graves. Hoy lo planteamos así: hace falta madurez para avanzar en una agenda que debería trascender cualquier bandera política. Los derechos humanos tendrían que ser universales.

—Después de lo que se vio en la calle por el 50 aniversario, ¿cree que hay un paso a la ofensiva del campo popular?

—Yo siempre pensé que la sociedad no se volvió fascista. En el marco del avance de este modelo neoliberal, es lógico que las políticas de derechos humanos hayan quedado relegadas frente a las urgencias económicas y cotidianas. Pero quienes seguimos trabajando en esto —dando charlas en colegios, viendo a los centros de estudiantes— no vimos una derechización en este tema. En los 50 años del golpe se volvió a ver ese compromiso social: el repudio a la dictadura, la memoria activa. Y eso hay que aprovecharlo. Estamos en un momento en el que este modelo económico va a vulnerar derechos —porque es un esquema neoliberal clásico—, pero también hay una oportunidad para que el Congreso asuma un rol. Incluso tuvimos que hacer actividades por el 24 de marzo afuera del Parlamento, tanto en Diputados como en el Senado, porque no nos daban salas.

Fuente: Página/12

Tal vez la medida, no la única, que más irritó a la oligarquía terrateniente Argentina, fue el Estatuto del Peón Rural. Una auténtica reforma y modernización laboral, que hizo ingresar a la Argentina de pleno al siglo XX.

Su derrotero de sanciones y derogaciones explica mejor que mil discursos la puja política por la redistribución del ingreso en nuestro país.

Hoy estamos asistiendo a un nuevo embate oligárquico para sancionar una contrarreforma rural, “cuando la modernización es retroceso”, como muy bien lo explicó la diputada Fernanda Díaz, la única que se ocupó específicamente del tema rural, en el debate parlamentario. Sin estridencias discursivas, pero con mucha solidez, desgranó uno a uno los puntos de esta vuelta al pre peronismo estancieril del siglo XX.

La disputa entre oligarquía y pueblo, más vieja que la espalda y tan actual como la IA, queda perfectamente retratada en las reyertas históricas por la participación del salario en la renta terrateniente...

El primigenio Estatuto del Peón Rural fue sancionado como decreto Ley N° 28.169, el 8 de octubre de 1944; y refrendado, por Ley N° 12.921, en diciembre de 1946. Su objetivo era mejorar la calidad de vida de los peones mensualizados, entre otras cosas, les fijó salarios mínimos, instauró la jornada limitada, el descanso dominical, vacaciones pagas y vivienda digna. Ya que los peones dormían y vivían en los galpones de las estancias; y se les pagaba lo que le parecía al patrón y cuando éste quería. Una auténtica reforma y modernización laboral. Esta ley fue derogada por la dictadura militar en 1980.

A la par del Estatuto, se sancionó otra ley, la 13.020, que protegía y ampliaba los derechos de los trabajadores rurales transitorios; les establecía jornales mínimos, les fijaba las condiciones para la recolección, trilla y manipulación de productos agrícolas en las chacras. Tuvo mucha menos prensa, pero no menor importancia, ya que el número de trabajadores alcanzados era muy alto, sólo en el sur de Santa Fe, había más de 60.000 obreros transitorios. Por ese tiempo, el agro recién se estaba mecanizando y miles de peones se movilizaban, de un sitio a otro, todos los años, para trabajar en la juntada de maíz a mano, “la concuñada”, como se la llamaba popularmente. Esta Ley reglamentaba el trabajo de los peones sin relación de dependencias: los llamados golondrinas y los trabajadores transitorios, que no eran los mismos. Éstos últimos residían, ( por lo general), en los pueblos de campaña, no se mudaban en busca de trabajo, y se anotaban en las bolsas de trabajo del lugar, manejadas por el Sindicato, local de Obreros Rurales. Estos “rapi” trabajaban y cobraban, por día o “por tanto”, eran las dos modalidades. No había relación de dependencia, trabajaban cuando ellos querían y en la modalidad que querían. Podían “acumular horas”, a eso se le llamaba “por tanto” y “manejaban su propio tiempo de trabajo”, ¿lo oyeron decir por estos días ? Todo se pactaba en forma individual, con el patrón en la chacra y por cada trabajo; no había relación de dependencia. Exactamente igual que los trabajadores de RAPI, sólo que en vez de ir a la aplicación del celu, iban todos los días, a primera hora, a la bolsa de trabajo de los pueblos, a ver si había “pique” y a dónde tenían que ir a buscarlo, ¡más igual imposible! La 13.020 modernizó y reguló esa relación laboral, anclada en el siglo XIX. Esta ley, también, fue derogada por la dictadura militar en 1980.

Lo nuevo es lo viejo que olvidamos. Por eso es tan importante estudiar Historia, para que el poder no se te disfrace de novedad.

Ambas leyes fueron sustituidas por el decreto Ley 22.248, de la dictadura militar, que eliminó derechos laborales esenciales, reinstalando la precariedad del trabajo rural.¡ Lo de siempre!, con la crueldad de siempre, para volver al pre peronismo, que tanto añora la derecha. De vuelta “la burra al trigo”.

Pero en 1999, con el auspicio de Eduardo Duhalde, llega otro invento “genial” del ciclo menemista, para cagar a los trabajadores. ¡Eso sí!.. con “envase” peronista y foto de Perón y Evita, eso no puede faltar, aunque la “cosa” contenga más antiperonismo, que Rojas y Aramburu juntos. Por ley 25.191, se crea El RENATRE, (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), ¿qué era ésto?, básicamente una tercerización del control del trabajo no registrado, en un organismo administrado y controlado, ¿por quién?, ¿adivinen?, por los mismos que no registraban a los trabajadores, ¿qué puede salir mal? Este organismo pantalla tiene, (aún existe), un directorio compuesto por representantes de UATRE y la Mesa de Enlace. Es básicamente una “cajita feliz”, para alegría de los dirigentes rurales, gremiales y sus familias, ya que distribuyen sueldos del primer mundo, para controlar a trabajadores con derechos y salarios del cuarto mundo. Esa es la verdad de la milanesa. Cada organización de la Mesa de Enlace, tenía regulada esta “porción de felicidad”, en un quiosco interno, rigurosamente parcelado y vigilado por Gerónimo “Momo” Venegas, el “transparente” y astuto millonario, con avión privado incluido, que fungía como secretario general de UATRE. Este repartía con ahínco justiciero y a piacere, el 1,5% de aporte patronal, que ingresaba mensualmente al ente. Todo legal y de suerte…¡ah y por ley! Son unos “genios”.

La repartija funcionaba asi, una organización gremial patronal tenía la capacitación, la otra, la provisión de computadoras, así sucesivamente las cuatro, y el UATRE la caja mayor. Desde ahí se proveía al financiamiento del gremialismo patronal agrario y al periodismo “independiente”, había una unidad de acción y de concepto en cuanto al discurso que se financiaba: “todo es culpa de CFK y de La Cámpora”. Toda gente de honor,

La única disputa entre ruralistas, federados y cooperativistas, era la de conchabar a familiares, ( hija/o, esposos/as, amantes,etc), para que marcaran tarjeta en la central o en algunas de las regionales, que se fueron abriendo en todo el país. Lo del trabajo te lo debo.

Esta fiesta la termina CFK, en el 2011, cuando sanciona la ley 26.727, un nuevo Estatuto del Peón Rural, que ampliaba y protegía los derechos conculcados por la dictadura. Establecía la jubilación a los 57 años, ¡sí a los 57!, (con 25 de aporte en el sector), se terminaba con el trabajo de sol a sol, de menores, se daba comida decente y un largo etcétera de derechos, para los que nunca tuvieron nada. Igual que Perón, pero con la diferencia de que CFK terminó presa y Perón exiliado, ¡vaya la diferencia!

Sería muy aleccionador, para todos/as, que se lleguen hasta Santa Isabel, (sur de Santa Fe), y vean las viviendas temporales que tuvieron que construir las empresas como Nidera, Cargill, Bunge, etc, por exigencia de esta nueva ley, para alojar decentemente a los peones golondrinas. Éstos venían a trabajar en el despanojado de semillas. Los tenían en condiciones de esclavitud, dormían tirados en cualquier tapera y comían porquerías.

Ahí podrían apreciar in situ “los cayos que pisó” CFK; y comprenderán mejor, los aplausos en la rural y por qué la proscribieron y encarcelaron. Ver para creer y comprender. A los gobiernos populares se les juzga por lo que hacen, no por lo que dicen que van hacer. Hechos no palabras ¿Lo dijo Perón, no?

Pero en este proceso de quita de derechos a los trabajadores rurales, es aleccionador ver la alianza política que tejió la derecha gremial, para enfrentar la modernización laboral, de Cristina. Es calcada, en términos políticos, a la que apoyó recientemente a Milei, para conculcarlos. Ésto interpela fuertemente al peronismo, pero no sólo de ahora.

La ley del Renatea, en el 2011, fue aprobada por unanimidad, con la sola excepción del senador Carlos Menen y la oposición de la cúpula del UATRE y la Mesa de Enlace. El esquema de protección de los privilegios patronales que armó la burocracia sindical, fue articulado por Venegas, con Hugo Moyano; que al igual que Menen, apoyaron a Cambiemos, para hostigar con paro por ganancias a CFK,y derrotar al K. En el colmo de la transfiguración, fiscalizaron la elección para Macri e inauguraron juntos un monumento a Perón. Esta alianza fue clave para que la Corte, la misma que encarceló a CFK, en una resolución del 2016 (presidencia Macri), le devolviera el Renatre a la sociedad de la patronal con el Momo. Todos felices, volvió la “normalidad”

Son las famosas coincidencias permanentes.

El error es pensar, ilusionarse, aspirar, o contar con que los Jaldos, los Jalil, los Llaryora, porque fueron elegidos en listas peronistas, son peronistas. Nunca lo fueron, siempre estuvieron ahí por mero cálculo electoral y de negocio. No desaparecieron nunca de las listas, vienen de lejos, no son flores de esta movida.

Pablo Ansaloni, el diputado, dirigente de UATRE, que votó positivamente la reforma laboral, no es más que una fusión de baja calidad del Momo con Carlos Menen.

Ni siquiera los inventó la billetera de Milei, desde 1955 que están ahí, tratando de cooptar al peronismo para la derecha y acusando a los que reivindican el auténtico ideario de Perón, de “zurdos”. Son un remedo del diputrucho, que se utilizó para privatizar Gas del Estado, de los que cobraron por la privatización de YPF, o de los que firmaron el nefasto Pacto de Olivos. Y ahí está la causa profunda de la disgregación nacional que está en marcha. Es el poder que otorgó la reforma de 1994, a gobernadores como Saenz o Jalil, haciéndolos “patrones”del subsuelo. Por eso las mineras los empoderan generosamente, para que rompan el movimiento popular. Ahí está la causa profunda del problema. Ese es el verdadero poder detrás del voto traidor. Y ésto interpela fuertemente al peronismo…

El Vandorismo, la triple AAA, la burocracia sindical, fueron el veneno que inoculó la derecha, de afuera y de adentro, y que hizo su efecto en el menemismo. El grave error del peronismo fue no recetarse un suero antiofídico.

¿Cómo puede ser que se siga llamando a Menem, peronista? Que no haya sido expulsado post mortem del PJ, al igual que los “vivos” como Kueider, Scioli, Schiaretti, o Jaldo. Menen compró el envase del peronismo, y lo llenó con las ideas de la peor derecha neoliberal. Es como comprar una botella de Coca Cola y rellenarla con agua o tierra, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?

Menem es lo más trucho que viene en la lata de la política. Tiene de peronista lo mismo que Milei de patriota. En política cuentan las ideas y los intereses que se defienden, lo demás es escenografía. Ésta puede ser real o trucada, que es cuando se falsifica la historia.

Lo hemos dicho muchas veces, el peronismo es de izquierda o no es. Sé que a muchos les molesta esta definición, ¡lo siento!, no es un decreto de este escriba, es la verdad histórica. En todo caso, los reclamos háganlos a Perón, Evita, Néstor y CFK , que produjeron los hechos, no a mí, que se los cuento, tal como sucedieron.

Fuente: Página/12

Vaya a saber el tiempo que llevaban pegados debajo del pupitre. Duros como estalactitas, testimonio oculto de acciones urgentes y furtivas para evitar la reprimenda de alguna maestra por masticar en clase, seguro.

Lo primero que vi al zambullirme durante el simulacro de bombardeo que nos obligaron a hacer en la escuela, aquel abril helado de 1982, fueron esos chicles rosas y blancos adheridos al improvisado cielorraso de madera.

Había otras cosas fijadas a la tabla que me resultaron indescifrables, al igual que la guerra que estábamos ganando. Así lo decían la dictadura y Crónica, el diario de Héctor Ricardo García, que se leía en casa.

Que un día tituló “Paz, Pan, Trabajo”, con la foto de Saúl Ubaldini y las corridas por la represión y los gases en Plaza de Mayo. Y al otro, con esa misma plaza de fondo desbordada por otra multitud, celebraba desde su tapa la invasión a las Malvinas, vivaba al dictador Galtieri y repudiaba a “los piratas”.

Comencé a recortar sus fotos para hacer un “Diario de Guerra”. Usé unos cuadernos grandes, de tapas verdes y lomo negro, como los de los escribanos: quería dar fe de patriotismo como los que donaban sus joyas en un programa de ATC y eran tratados con reverencia por una pareja de famosos como Pinky y Cacho Fontana.

“La hermanita perdida” sonaba por todos lados en la voz de Atahualpa Yupanqui, que de estar prohibido por comunista pasó a ser el “Vicente López y Planes” del himno civil de la contienda, mientras los militares hacían lo imposible por masificar la “Marcha de las Malvinas”, de Carlos Obligado, ejecutada por bandas castrenses de afinación esquiva.

Es que la sociedad argentina se malvinizó de modo fulminante. En pocas semanas supimos todo del Gaucho Rivero, de la turba de su suelo, de los pingüinos, la Gran Malvina y la Soledad. Lloramos a mares con el parte de Pedro Giachino, abatido por los “piratas” durante el desembarco en Puerto Argentino, y dijimos como mantra que nuestros aviadores eran los mejores del mundo.

Hasta Nicanor Costa Méndez, el canciller de Galtieri, visitó a Fidel Castro y obtuvo el apoyo del Movimiento de Países No Alineados en su reclamo de soberanía. Hubo guerrilleros sobrevivientes de los ’70, de firmes convicciones anticolonialistas, que se ofrecieron para ir a la batalla junto a las Fuerzas Armadas que, vaya paradoja, habían sembrado el territorio nacional de campos de tortura y exterminio para desaparecerlos.

Creo que el hundimiento del crucero General Belgrano, ordenado por Margaret Thatcher cuando navegaba fuera de la zona de exclusión, con sus 323 muertos, fue el episodio que marcó el primer cambio brusco en la percepción general sobre el significado de una guerra peleada por un ejército de ocupación, incapaz de combatir seriamente con tropas de la OTAN. Eso que las abuelas llaman “baldazo de agua fría”, el método casero para atacar cualquier borrachera. Porque Galtieri no fue el único.

La marcha del señor Obligado, la del “manto de neblina”, dejó paso lentamente a León Gieco con su “Sólo le pido a Dios”, un rezo pacifista pensado para otro momento y otro lugar, que sin embargo se convirtió en sonido ambiente del retorno a la sensatez general, junto al “Reina Madre” de Raúl Porchetto.

Los Gómez Fuentes, los Kasanzew y otros predicadores de la farsa entrenados en la “doctrina de seguridad nacional” salieron lentamente de escena para dar paso a la información que descubría que Giachino había sido un marino represor, que a los pibes conscriptos los estaqueaban en la nieve los propios oficiales, que el Fondo Patriótico desapareció y que la plata del Banco Central fue escondida durante la guerra... en Londres.

A la derrota siguió un proceso de desmalvinización que, principalmente, padecieron los excombatientes, tratados como fantasmas de una película bélica que se esfumó tan pronto como la alegría por la vuelta de la democracia devoró la congoja social por la muerte de los 649 soldados argentinos; parte de un universo involucrado en las operaciones de 23.544 efectivos, 70% menores de 25 años y más de la mitad de ellos, conscriptos. Según estimaciones de asociación de excombatientes y veteranos, entre 350 y 500 de sus compañeros se suicidaron a la vuelta del conflicto. La cifra oficial, unificada, no existe.

En 1983, parte breve del texto del Informe Rattenbach, comandado por el general Benjamín Rattenbach y ordenado por la propia Junta Militar, que investigó los horrores de la guerra dejó saber “que el análisis crítico de los hechos (...) lleva a la Comisión a considerar que los altos mandos de las FFAA, por ignorancia, por negligencia o por falta de previsión, actuaron con una apreciable dosis de improvisación”. En declaraciones periodísticas, Rattenbach fue algo más claro: “La guerra de Malvinas fue un acto de deshonor para Argentina y para sus fuerzas armadas. Un conflicto en el que se utilizaron vidas humanas de manera irresponsable y sin sentido”.

Pero el informe completo recién se conocería en 2012, cuando la presidenta Cristina Kirchner ordenó su desclasificación. Era más grave en sus apreciaciones que lo que había trascendido antaño: además de la impericia militar, quedaron al descubierto torturas, vejaciones, violaciones y ejecuciones sumarias de la tropa propia y de las británicas. Más aún: Rattenbach había pedido fusilar a Galtieri y al resto.

Fue bajo la gestión kirchnerista que se inauguró también el Museo Malvinas, en el predio de la ex ESMA, parte de la batalla cultural llevada adelante para “malvinizar” y crear conciencia de los derechos soberanos sobre las islas y sus recursos, y no dejarlas ancladas a una narrativa bélica, exclusivamente.

Por estas horas, el gobierno negacionista de Javier Milei planea remover de sus instalaciones materiales allí exhibidos vinculados con el Operativo Cóndor, una misión clandestina de jóvenes nacionalistas, católicos y peronistas temerarios que en plena dictadura de Juan Carlos Onganía lograron desplegar siete banderas argentinas en las islas, para reclamar soberanía y democracia.

Cada 2 de abril, vuelvo al simulacro de bombardeo y al “Diario de Guerra”, que todavía conservo. Del primero, bajo el pupitre, guardo una sensación extraña, que no es miedo. Ahora me doy cuenta que de la guerra no sabía nada, ni siquiera que podía despertar temor. A lo sumo, curiosidad.

Con lo segundo me atrapa una nostalgia paralizante. Me asomo a ese niño de 12 años y lo veo tan ingenuo, jugando a ser corresponsal imaginario de una guerra peleada por chicos que tenían 6 años más que él, que lo quiero abrazar y quedarme así para siempre.

A él... y a los otros también.

PD: No faltará aquel o aquella que se enoje porque hablar de chicos les quitaría heroísmo a los soldados. Sin duda, existió el coraje, así como existió el miedo. En realidad, la derecha, porque esa crítica viene de su campo casi siempre, quiere reivindicar a Malvinas como una gesta militar, porque es un atajo al reconocimiento de que “algo bueno” hizo la dictadura también, además de cometer de crímenes de lesa humanidad. La soberanía no les importa nada, son sus gobiernos los que nos postran ante el FMI y reconocen como una fatalidad el enclave colonial en nuestro archipiélago y el robo de nuestros bienes naturales comunes. Las Malvinas son argentinas, los glaciares también.

Fuente: Página/12

Desde Sevilla

En España, el “No a la guerra” va más allá de un eslogan de marketing; es parte de una memoria colectiva que se grabó a fuego en 2003, cuando las Azores fueron el escenario del encuentro de un trío (Bush-Blair-Aznar) que terminó en la invasión sangrienta de Irak y en un atentado terrorista en Madrid que costó 197 muertes. En parte por eso, pero también porque Sánchez ha acabado encontrando en Europa cierto respaldo a su postura antibelicista, el presidente español ha decidido redoblar una posición que es, al mismo tiempo, de rechazo a una guerra ilegal y de desafío a la prepotencia de Donald Trump. Después de haber prohibido la utilización de las bases norteamericanas asentadas en España, el líder socialista ha decidido cerrar el espacio aéreo español a la operación de guerra contra Irán.

Un portazo en las narices de Trump

La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo confirmó este lunes con una sequedad castellana que no admite réplicas: España cerró su espacio aéreo a toda aeronave que participe en el ataque de la entente Washington-Tel Aviv. La medida es un portazo en las narices de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. El veto es total: no se autoriza el uso de las bases estratégicas de Rota y Morón de la Frontera, en el sur de la península, ni se permite que aviones procedentes de bases en el Reino Unido o Francia crucen el cielo español cargados con el arsenal destinado al frente iraní.

El asunto no es menor ni simbólico. Al negar el uso de las bases de Rota y Morón de la Frontera, el nexo logístico fundamental que une el Atlántico con el Mediterráneo queda herido de gravedad para los intereses norteamericanos. Según cuentan los que saben de logística militar, la negativa española obliga a los bombarderos a dar vueltas por el mapa, alterando las cargas de querosén y obligándolos a elegir entre llevar más combustible o más bombas. Es, básicamente, ponerle un palo en la rueda a la maquinaria de muerte. Y eso, en el lenguaje diplomático de Trump, se traduce en una sola palabra: represalia. El magnate ya amenazó con un bloqueo comercial, siguiendo con su lógica de que quien quiera ejercer su soberanía, debe pagar el precio a través de un arancel a los productos que quieran entrar en el mercado estadounidense.

“Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente a la parte americana”, sostuvo la ministra Robles. Para el Ejecutivo de centroizquierda, la guerra iniciada por el eje Washington-Tel Aviv es “profundamente ilegal y profundamente injusta”. Estas palabras, que en otro contexto podrían parecer retórica de asamblea universitaria, adquieren aquí un peso logístico real. Al cerrar Rota y Morón, España le quita a la maquinaria de guerra de Donald Trump un punto de apoyo fundamental en el tablero mediterráneo, obligando a los bombarderos a recalcular rutas, cargas de combustible y tiempos de reacción.

No es que España haya roto sus convenios bilaterales con el Pentágono. Los militares estadounidenses pueden seguir usando las bases para sus tareas habituales de asistencia a tropas en Europa, pero el límite está en el combustible destinado a la guerra en Irán. Según informes técnicos, esta negativa complica seriamente la operatividad de los B-52 y otros activos de gran alcance, que ahora deben volar rutas más largas, cargando menos bombas para poder llevar más combustible, o viceversa. Un rompecabezas táctico que no ha sentado nada bien en la Casa Blanca.

Los detractores del “No a la guerra”

Donald Trump, fiel a su estilo de diplomacia de mostrador, ya respondió con la amenaza de un bloqueo comercial. En Madrid, sin embargo, el presidente Sánchez parece haber asumido el costo del roce. Durante su última comparecencia en el Congreso, el líder socialista ya había deslizado la medida, aunque la habitual bronca parlamentaria española —donde se grita mucho y se escucha poco— logró que el anuncio pasara casi inadvertido entre los titulares del día. “Todos los planes de vuelo han sido rechazados, todos”, insistió Sánchez, tratando de que el mensaje llegara nítido por encima del ruido de la oposición.

Desde la bancada del Partido Popular (PP), la reacción fue una mezcla de escepticismo y crítica por “improvisación”. Alicia García, portavoz del grupo conservador en el Senado, acusó al Gobierno de dar “mensajes contradictorios” y de practicar una “hipocresía de pacotilla”. Para la derecha, el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras el ataque inicial de Irán demuestra que el discurso pacifista de la Moncloa tiene fisuras. “¿Por qué toman esta decisión ahora si negaban que estaban cooperando?”, se preguntó García, sugiriendo que la debilidad internacional de Sánchez lo empuja a gestos desesperados para contentar a su base electoral mientras la justicia investiga tramas de corrupción interna.

La tensión también escaló en el terreno religioso y diplomático. Sánchez no dejó pasar la oportunidad de cuestionar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por impedir inicialmente la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén, acusándolo de atacar la libertad religiosa. Un dardo que el PP intentó devolverle recordándole que el presidente “no felicita la Navidad, pero sí el Ramadán”, buscando ligar la política exterior con las guerras culturales que hoy dividen a la sociedad española.

Más allá del barro dialéctico en Madrid, el cierre del espacio aéreo es un hecho político con consecuencias en el frente de batalla. España ha decidido que su geografía no será cómplice de una operación que considera fuera de la legalidad internacional. En un mundo donde la soberanía suele ser una moneda de cambio, el gesto de la Moncloa busca rescatar aquel viejo espíritu del “No a la guerra” que marcó a una generación de españoles hace más de 20 años. No detendrá los misiles, pero al menos le quita a Estados Unidos o la comodidad de usarlos desde el patio de casa.

Fuente: Página/12