Las leyes de patentamiento, otra fuente de desigualdad

Covid y vacunas: Monopolios farmacéuticos contra la salud pública

La lucha de los laboratorios para proteger sus beneficios choca con las necesidades del mundo menos desarrollado por proteger la vida. Reglas  cuestionadas y el rol de los organismos internacionales.

Por Natalí Risso

 

Abril de 2021

·        Los costos de inversión y desarrollo de medicamentos, y quién los paga. Un eje de la disputa.. Imagen: AFP

Cuando en 1998 África superó ampliamente la cantidad de infectados de HIV con respecto al resto del mundo, varios países del continente pidieron retirar las patentes de los medicamentos para evitar las muertes. Los países ricos en los que se encuentran la mayoría de las farmacéuticas se negaron y los costosos medicamentos que estaban disponibles desde 1996, tardaron diez años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible.

Cuando India y Sudáfrica propusieron suspender el cumplimiento de obligaciones de propiedad intelectual mientras la carrera de las vacunas contra la Covid-19 entraba en fase 2, el mundo acumulaba alrededor de un millón de muertos. Hoy en día, la lógica de mercado volvió a imponerse: el debate sigue abierto y los muertos también. El mundo ya acumula casi tres millones. 

En la industria farmacéutica, cuando un laboratorio desarrolla un medicamento, alguna empresa patenta su descubrimiento para proteger la propiedad intelectual del producto y evitar que otras puedan copiarse. Patentar un medicamento significa adquirir exclusividad para producir y comercializarlo durante veinte años.

El modelo de producción en la industria farmacéutica funciona basado en un esquema en que la inversión más riesgosa (por su capacidad de fracaso), el de Investigación y Desarrollo (I+D) es financiada pública o privadamente; y luego es patentada permitiendo al titular actuar como un monopolista y fijar altos precios con su consecuente rentabilidad extraordinaria. La consecuencia: se generan ganancias extraordinarias.

A modo de ejemplo, las acciones del laboratorio Moderna con base en Boston, Estados Unidos, que produce una de las vacunas contra la covid-19 aumentaron un 160 por ciento entre octubre del 2020 y abril del 2021. Algunas estimaciones de mercado aseguran que puede generar más de 5.000 millones de dólares al año.

Desigualdad y mutaciones

La Organización Mundial de la Salud, que releva la administración de las vacunas a nivel mundial, aseguró que el 75 por ciento de las vacunas contra la covid-19 se dieron en 10 países ricos. Como contracara unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna y se calcula que muchos de ellos deberán esperar hasta el 2024.

Uno de los impactos más directos y a la vez contraproducente incluso para los países que apoyan este modelo son las mutaciones que van surgiendo por la propia reproducción del virus. Se seguirán desarrollando variantes y algunas vacunas no serán efectivas, lo cual generará nuevas formas de esta pandemia. 

“La intención de los patentamientos era promover la innovación, pero en el caso de las tecnologías médicas, el tiempo ha demostrado lo contrario”, explicó a Página 12  Lorena Di Giano, directora ejecutiva del Grupo Efecto Positivo (GEP) y abogada especialista en derechos de propiedad intelectual, al tiempo que cuestionó a las farmacéuticas: “Se convirtieron en empresas que especulan en mercados bursátiles.  La combinación de acciones más patentes nos traen precios que no podemos pagar ni los usuarios ni los Estados. Tienen la obligación de garantizar la salud pública”.

Salud o comercio

El hashtag #liberenlasvacunas llegó a los medios estos últimos días, pero desde la etapa de fase 2 algunos países y organismos especializados reclaman por la liberalización de patentes, derechos de autor, diseños industriales y protección de la información para el tratamiento, prevención y contención de la covid-19. De esto se trata la propuesta de India y Sudáfrica ante el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) en la Organización Mundial de Comercio.

Adpic es un acuerdo que se firmó entre 1986 y 1994 y obligó a todos los países miembros de la OMC a conceder patentes sobre medicamentos. Argentina fue uno de ellos: adhirió en 1995 y comenzó a aplicarse en el 2000. 

"Numerosos países que excluían –por razones de salud pública– el patentamiento de productos farmacéuticos, debieron adaptar su legislación a esa nueva normativa internacional. No hacerlo suponía exponerse a represalias comerciales legitimadas mediante el mecanismo de solución de controversias de la OMC", explica la investigación "Acceso a medicamentos" llevada adelante por Carlos Correa y Germán Velásquez de la organización Centro del Sur. 

Aunque cuenta con el apoyo de un centenar de países de ingresos bajos y medios y más de 400 organizaciones de la sociedad civil, la propuesta de India y Sudáfrica  (que ya fue tratada en tres ocasiones desde que comenzó la pandemia en la OMC) no prospera. 

Aún no se pudo obtener el consenso necesario (el apoyo de tres cuartas partes de los países que integran el organismo) para que se trate en la instancia siguiente, que es el Consejo General de la OMC. De los 123 apoyos necesarios, ya cuentan con más de 100.

Para resumir el mapa geopolítico, algunos de los países a favor de la liberalización son Argentina, Bangladesh, Chad (en representación de los miembros de los países con menores ingresos), Egipto, Honduras, Indonesia, Mozambique, Pakistán, Sri Lanka, Túnez y Venezuela. Por el contrario, los países más ricos donde se encuentran las sedes de las principales farmacéuticas se oponen: Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Japón, Noruega, Suiza y la Unión Europea. En tanto que Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Jamaica, Nigeria, Senegal, Tailandia y Turquía analizarán la propuesta.

Qué dicen los laboratorios

Las grandes farmacéuticas levantan por lo menos dos argumentos por los cuales justifican su rechazo al pedido de acceso equitativo a las vacunas: que el problema no es la propiedad intelectual sino la capacidad de producción; y que sin derechos de propiedad intelectual no van a tener los incentivos necesarios para seguir investigando por ejemplo para las nuevas cepas que se van presentando.

"Los derechos de Propiedad Intelectual no son el problema" declaró Thomas Cueni, director de la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (Ifpma) que representa a los principales productores de vacunas durante una conferencia organizada por la OMS, "los cuellos de botella son la capacidad, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que ver con el conocimiento".

Este enunciado fue desmentido por distintos países: "En América Latina, Brasil y Argentina tienen la infraestructura necesaria para empezar a producir ya. Algunos países no tienen la tecnología para encarar nuevas investigaciones pero sí tienen la capacidad de fabricar las vacunas que ya están aprobadas", asegura Di Giano y agrega que de cualquier manera generaría una ampliación de la oferta, contribuyendo a bajar su precio y abrir la negociación por parte de los países de menores recursos.

El documento del Centro del Sur mencionado anteriormente asegura que "según la industria farmacéutica para el desarrollo de una nueva molécula de uso medicinal se requería una inversión de 2.500 millones de dólares.  En contraste, un estudio realizado por investigadores independientes, publicado por la London School of Economics estimó un costo medio para el desarrollo de un nuevo medicamento en sólo 43.4 millones de dólares ", explica y concluye: "mientras no exista transparencia sobre cuáles son los costos reales de la I+D, el problema del precio y, por lo tanto, del acceso a los medicamentos, seguirá sin resolverse". 

Asimismo, un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos 10.000 millones de dólares fondos públicos y de organizaciones sin fines de lucro para financiar sus vacunas, aun entendiendo que puede ser un número subestimado. 

Un estudio detallado sobre el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca coincide en lo esencial de este dato: la industria farmacéutica soportó menos del 3 por ciento de los costos de investigación: la mayor parte de los 120 millones de euros fueron invertidos por el Reino Unido (45 millones) y la Comisión Europea (30 millones) y otras entidades de fondos públicos. 

Mientras el debate sigue abierto, los países centrales no pierden el tiempo, las multinacionales farmacéuticas que están trabajando en su desarrollo ya cuentan con solicitudes de patentes en distintas partes del mundo. “Encontramos 188 patentes asociadas a las vacunas con una respuesta inmune demostrada”, reveló Di Giano.

Frente a la cantidad de adhesiones, la OMC propuso una “tercera posición" que habilita el otorgamiento de licencias voluntarias. Esto significará mantener los derechos de propiedad intelectual fomentando acuerdos privados entre laboratorios y gobiernos para permitir transferencias de tecnología. “Las licencias voluntarias no funcionan, apelan a la voluntad de cada laboratorio. Lo que hace es correr el verdadero foco del debate que es la suspensión de patentes”, reflexiona Di Giano.

Otra de las propuestas en este sentido diseñada por la OMS en junio del 2020, es el Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19,  que también apela a la voluntariedad de compartir datos y propiedad intelectual de tecnologías. Sin embargo, el programa ha tenido pocas adhesiones. 

El tercer intento y fracaso es la Covax, cuyo impacto es muy menor: hasta fines de febrero, tenía acceso solo al 2 por ciento de todo lo que Pfizer producirá y para repartir entre 145 países.

Pareciera ser que las soluciones intermedias no son viables. "Los medicamentos no son mercancías", explicó el activista colombiano Luis Guillermo Restrepo: "algún día recordaremos a las patentes como hoy recordamos a la esclavitud”. 

Fuente: Página/12