Lawfare y racismo

Por Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Leonardo Croxatto

14 de agosto de 2025 - 13:58

• 
  

Pedro Castillo.

Agobia a nuestro país y a nuestra América una ola de “no derecho”: nuestro ejecutivo quiere encarcelar a los legisladores que votan leyes que no le gustan; Trump sanciona a los jueces brasileños que reprimen golpes de Estado; a nuestro tercer triunvirato no le interesa tratar la condena a la presidenta del principal partico opositor por quienes jugaban al “paddle” con su declarado enemigo (no reviste “gravedad institucional”); un posible virrey se propone asegurar que siga presa; un juez “de facto” firma sentencias durante una semana; y podríamos seguir con los disparates desopilantes normalizados.

Pero el “no derecho” es regional: están presos Cristina Kirchner, Jorge Glas (secuestrado violando como nunca el derecho de asilo) y Pedro Castillo, apresado por la policía antes incluso de que el Congreso lo destituyera, aunque esto último es sólo una forma de decir, un eufemismo, ya que la vacancia orquestada tampoco fue constitucional. El último caso renueva el método aplicado a Zelaya, detenido a media noche y forzado a salir en pijama rumbo a Costa Rica (aquí en pijama mostraron a Boudou: se recomienda dormir con traje y corbata).

Los casos de Cristina, Glas y Castillo son bien crueles, porque están presos y, si bien todos son indignantes, nos detenemos aquí en el de Castillo, no solo por ser sus abogados, sino porque exhibe más desvergonzadamente la crueldad del “no derecho”, pues tiene la particularidad de expeler un nauseabundo vaho cloacal del peor racismo.

Ese racismo lo exponen hasta caricaturas del diario peruano La República, porque Castillo es el primer presidente campesino auténtico, emergente de quienes nunca tuvieron voz en la política de Lima. Por eso, la usurpadora Boluarte –ahora con 90% de imagen negativa- ordenó una represión que asesinó a setenta personas, incluso mujeres y niños, que no eran habitantes de Miraflores ni de San Isidro, sino “cholos” o “terrucos” que “no saben votar” y protestaban, cuyas muertes se recuerdan ahora en los retablos de Ayacucho.

Esta fue la culminación de un rechazo a Castillo que comenzó con la demora de más de cien días en reconocer su triunfo electoral sobre la hija del criminal Fujimori. Luego, durante su gobierno, fue perseguido por una fiscal nacional que inventó descaradamente “pruebas” según ella en una fotocopiadora del palacio. La frutilla del postre es que, a poco andar, esa fiscal fue destituida por hallársela jefa de una banda criminal

Conforme al derecho –pero no al “no derecho”- Castillo sigue siendo el presidente constitucional, pues su destitución es nula, dado que el Congreso la resolvió con tres votos menos de los 104 necesarios (101 es menos que 104, salvo que Trump diga otra cosa), sin cumplir tampoco otros pasos constitucionales (moción de vacancia, etc.).

Sin embargo, el presidente constitucional del Perú, que no mató a nadie y quería nacionalizar riquezas, está preso desde hace más de dos años, sin que nadie se inmute ante la presión internacional. Castillo está aislado de su familia, prohíben el acceso a los abogados argentinos, prohibieron el ingreso al tribunal a Marco Enrique Ominami (Grupo de Puebla), al diputado español Enrique Santiago, amigo de Baltazar Garzón, y a un francés del partido de Mélenchon lo detuvieron y expulsaron en el aeropuerto.

Se está juzgando a Castillo por el delito de rebelión, que consiste en “alzarse en armas”, por su famoso discurso cuando había perdido todo poder y sabía que nadie se movería en función de sus palabras. Las armas que se alzaron fueron casi de inmediato las policiales para amenazar a Castillo y su familia para meterlo preso.

No obstante, sabemos que Castillo será condenado por los jueces del “lawfare” que denunció el Papa Francisco hace tiempo y que suelen ocultar el hacha bajo la toga. ¿Cómo eludirán que nadie haya alzado un arma? Veremos qué inventan en la sentencia condenatoria, porque cuando legitimaron la prisión preventiva, cayeron en el ridículo de sostener que “en otra circunstancia” ese discurso sería peligroso. No es necesario saber derecho, sino usar el sentido común, para percatarse de que, en circunstancias diferentes, no hay acción humana que no sea peligrosa: tirar al blanco es un deporte, pero si la “otra circunstancia” es la presencia de un ser humano frente al tirador, es un homicidio. La convulsión que en Lima provocó el golpe contra Castillo fue aprovechada por vulgares ladrones de tiendas, pero no para deponer al Congreso, sino para robar, es decir, con un fin diferente al que exige el delito de rebelión.

La crueldad en todos los episodios de “lawfare” y en especial en los tres de presos políticos, llega al extremo cuando en el caso de Castillo aflora un racismo que históricamente divide al Perú, señalado por sus más lúcidos intelectuales. El “no derecho” adquiere su coloración más repugnante sobre su fondo común de crueldad. Denunciarlo es importante, no solo como deber de abogados, sino humanamente, en la esperanza de que se recupere un mínimo de racionalidad sin más costos de vidas humanas que los que está causando este colonialismo financiero en la forma de genocidio por goteo.

En ningún apartado del sistema jurídico peruano figura que con 101 votos se pueda vacar a un presidente. El piso mínimo de votos que exige la ley del hermano país es 104. Castillo es un presidente constitucional, mal vacado. Vacado de forma inconstitucional. No podemos dejar de decirlo. Es una cuestión matemática, que trasciende al derecho. Un caso simple, aunque muchos abogados eligen esa carrera porque no tiene matemática, justamente. Hay votaciones legislativas que naufragan porque falta un solo voto. ¿Cómo un presidente constitucional va a ser destituido con 3 votos menos del piso mínimo que marca la ley? El racismo lo explica. El policía que coordinó la detención no tuvo argumentos cuando fue consultado en el proceso penal. Se limitò a reconocer que “no sabía” si ya había sido “vacado o no” cuando lo detuvo. En una democracia la policía no detiene a un presidente. Que además no había sido (mal) vacado todavía. La vacancia es nula. Es sólo saber sumar.

Como si todo lo anterior no fuera suficientemente grave, hace muy pocas horas el régimen peruano instrumentó una amnistía para los militares condenados por delitos de lesa humanidad durante la represión de Alberto Fujimori, quien fue indultado, contrariando el sistema interamericano, del que Perú dice querer dejar de formar parte.

Otro ex presidente que se oponía a ese indulto -como se opuso Castillo- fue condenado a “prisión preventiva”, un mamarracho jurídico contra otro opositor a Fujimori: Marín Vizcarra. Ahora ambos estarán irregularmente presos. 

Fuente: Página/12