Aseguraron que el protocolo antipiquetes facilita la "violación de los derechos humanos"
Human Rights Watch pidió
que el Estado argentino investigue la represión a jubilados
La organización
internacional instó a que se revise el accionar de las fuerzas de seguridad
durante la represión del 12 de marzo, cuando hinchas de fútbol acompañaron la
protesta de los miércoles que impulsan adultos mayores. Además, exhortó al
Gobierno a que deje de "hostigar" a la jueza Karina Andrade.
3 de abril de 2025 - 14:03
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La organización
internacional Human Rights Watch instó al Estado argentino a investigar
el accionar de las fuerzas de seguridad durante la represión del 12 de
marzo a los jubilados, le pidió al Gobierno “revisar el protocolo
antipiquetes” porque su puesta en marcha “facilita violaciones
de derechos humanos”, y lo exhortó a dejar de “hostigar” a la jueza
Karina Andrade por liberar a los manifestantes detenidos.
El durÃsimo llamado
de atención contra la administración de Javier Milei ratifica, además,
los resultados de la investigación que dio como resultado la identificación del agente de
GendarmerÃa Nacional que apuntó y disparó el cartucho de
gas lacrimógeno contra el fotoperiodista Pablo Grillo, causándole una grave
lesión.
Human Rights Watch asegura
que ese y otros disparos fueron hechos “contraviniendo los estándares
internacionales” que rigen el uso de la fuerza y criticó que, a pesar
de ello, la ministra Patricia Bullrich haya hecho una defensa de la represión,
a contramano de las evidencias.
Además, en su informe la
organización reconoce que hubo manifestantes que “cometieron actos
violentos”, pero resalta que la respuesta policial fue peor: “Hicieron
un uso indiscriminado y peligroso de la fuerza”, y “hay pruebas
contundentes” de ello.
“Uso indiscriminado y peligroso de la fuerza”
El pronunciamiento de Human
Rights fue hecho a través de un breve pero contundente informe público
titulado “Abusos en la respuesta policial a la protesta”.
El texto es un crudo relato
de lo ocurrido el miércoles en que las agrupaciones jubilados
recibieron el apoyo de miles hinchas de clubes deportivos, a los que el
Gobierno intentó desacreditar con la generalización de “barrabravas”.
Ese dÃa hubo un “uso
indiscriminado y peligroso de la fuerza” y “hay pruebas contundentes” de
que ello fue asÃ, aseguró la directora de la División de las Américas de Human
Rights Watch, Juaniga Goebertus.
Por ese motivo, puntualizó
la organización, “las autoridades argentinas deberÃan investigar” la
represión, asà como también “revisar el protocolo antipiquetes, que facilita
violaciones de derechos humanos”.
“Presionando jueces”
Paralelamente, lamentó la
posición de Bullrich de no investigar el papel de las fuerzas de seguridad y
cuestionó también la postura de “hostigamiento” contra la jueza que
liberó a los detenidos, cual va a contramano del “respeto por la
independencia judicial”.
La declaración de Human
Rights no dejó pasar por alto las presiones y acusaciones contra jueza Karina Andrade, quien
en la noche posterior a la protesta liberó a 114 detenidos por fallas en el
proceso acusatorio. “No se informaron, en la mayorÃa de los casos, el
lugar donde se realizó la detención ni se aclararon las circunstancias ni los
motivos”, resaltó Goebertus.
A pesar de ello, el Gobierno apuntó contra la
magistrada: el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia
penal por “prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento” y el de
Justicia anunció “una denuncia disciplinaria”.
“El gobierno de Milei está
blindando a las fuerzas de seguridad de cualquier intento de rendición de
cuentas y presionando a jueces cuyos fallos buscan defender los derechos de los
manifestantes”, denunció Goebertus.
En cambio, lo que la
administración nacional deberÃa garantizar “en lugar de hostigar a una
jueza” es que haya “rendición de cuentas” por los hechos, agregó
Goebertus.
Por este motivo, le recordó
a la administración nacional que tiene “la obligación de llevar a cabo
investigaciones prontas, creÃbles y exhaustivas sobre las pruebas de uso
excesivo de la fuerza” durante la protesta del 12 de marzo.
Contra el protocolo antipiquetes
El cuestionamiento de Human
Rights fue al hueso de la polÃtica de seguridad del gobierno de La Libertad
Avanza (LLA) y a la resolución administrativa que lo sostiene: el protocolo
antipiquetes puesto en marcha a instancias de Bullrich en diciembre de 2023.
La organización acusó que
ese dispositivo “permite a las fuerzas de seguridad usar la fuerza en
circunstancias donde su uso no estarÃa justificado con arreglo al derecho
internacional de los derechos humanos”.
Es más, añadió, “no
cuenta con disposiciones que obliguen a las fuerzas de seguridad a utilizar
medios razonables en el uso de la fuerza”.
Inclusive lo acusó de “criminalizar
cualquier impedimento al tránsito derivado de una manifestación” y
permitir “a la policÃa utilizar la fuerza aun cuando los manifestantes no
crearen una situación de peligro”.
“Un miembro de GendarmerÃa disparó”
El informe de la
organización de derechos humanos se hizo eco también de la investigación colectiva de Mapa de
la PolicÃa que tomó imágenes independientes en las redes y
de trabajadores de prensa de distintos medios (entre ellos Página/12)
e identificó al gendarme que disparó contra el fotógrafo Pablo Grillo, herido
de gravedad en la cabeza y quien se encuentra en recuperación, aunque en
terapia intensiva.
“Human Rights Watch
verificó, geolocalizó y analizó 32 videos y fotografìas de la protesta"
que "muestran que un miembro de GendarmerÃa Nacional disparó
un cartucho de gas lacrimógeno contra Pablo Grillo”, dice el texto. El caso
es investigado por la jueza federal MarÃa Romilda Servini.
Pero lo importante del
texto es que la organización ratifica que, a la luz de lo analizado, “el
gendarme disparó el cartucho de gas lacrimógeno en ángulo horizontal,
contraviniendo estándares internacionales" sobre el uso de la
fuerza.
Es más, también "reprimieron
a manifestantes que no estaban cometiendo actos de violencia, incluyendo
personas mayores, con cañones de agua a alta presión desde camiones
hidrantes”, añadió la directora de la División de las Américas de Human Rights
Watch.
Gendarmes y policÃas de la
Ciudad actuaron "de forma temeraria y peligrosa, disparando
los cartuchos horizontalmente contra los manifestantes, en lugar de hacerlo en
un ángulo seguro”, cerró la representante de la organización de derechos
humanos.
Fuente: Página/12
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