Blanqueo de capitales amplio y flexible, cesión de la soberanÃa jurÃdica y beneficios impositivos y cambiarios escandalosos
Argentina
va camino a ser una guarida fiscal
El Régimen de Incentivos a
las Grandes Inversiones (RIGI) es uno de los capÃtulos clave de la ley Bases de
Milei. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advierte sobre los
peligros de ser aprobado. Cualquier litigio se resolverá en el tribunal arbitral
internacional (Ciadi). Los privilegios impositivos y cambiarios para grandes
empresas son desproporcionados. Condena al paÃs a la desindustrialización y
subdesarrollo.
5 de mayo de 2024 - 01:53
La ley
Bases de Milei con media sanción en Diputados es regresiva en materia laboral,
previsional y de desarrollo económico. También propone privatizaciones
de empresas públicas y privilegia la explotación de recursos naturales
(hidrocarburos) sin exigir encadenamientos de valor a nivel local ni la
garantÃa de autoabastecimiento energético.
El
proyecto fiscal también es regresivo al
aliviar la carga impositiva a sectores de mayor capacidad contributiva y la
eleva a trabajadores en relación de dependencia y monotributistas.
Cada una de las partes de ambas normas puede ser
revertida en el futuro por otro gobierno, aunque hasta ese momento generará
daños al bienestar de la mayorÃa de la población.
Pero existe un capÃtulo que tiene efectos
irreversibles en el corto y mediano plazo, con un costo inmenso para las
perspectivas de una economÃa integrada, industrial y movilidad social
ascendente. Se trata del Régimen
de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
Cómo consiguió el
oficialismo una mayorÃa holgada para la aprobación en Diputados
Este mecanismo de promoción de inversiones es la clave
principal –no la única- de la ley que reunió 142 votos afirmativos de diputados
pese a que el oficialismo es tercera minorÃa y no llega a los 40. No pocos se
preguntan cómo sumó 100 voluntades adicionales para un proyecto tan
controvertido y resistido.
Una respuesta posible aunque no excluyente se puede
encontrar en que es una
norma escrita por y para el poder económico.
El lobby empresario –intermediarios aceptados social y
polÃticamente, no asà los necesarios para sectores populares denominados
"punteros"- han influido/presionado abiertamente y con otras
herramientas inconfesables para conseguir esta mayorÃa holgada.
Como se mencionó en estas páginas, las fuerzas polÃticas de
derecha con sus diferencias, internas agresivas y egos enormes de los
dirigentes resultan amalgamadas por el poder económico.
Las controversias programáticas y disputas de
liderazgos de fuerzas polÃticas populares en cambio se expresan a cielo abierto
sin tener un potente factor de poder externo que las unifique.
Qué es una guarida
fiscal
Los senadores tienen ahora la llave para cerrar la
puerta a esta ley que castiga trabajadores y futuros jubilados –en particular
mujeres-, y en especial para rechazar un sistema de promoción de inversiones con beneficios impositivos,
cambiarios, aduaneros y jurÃdicos escandalosos.
No es sólo un régimen de atracción de grandes
inversiones con obscenos beneficios nunca antes entregados todos juntos, sino
que avanza decididamente en convertir
la economÃa argentina en una guarida fiscal y en un enclave de explotación de
recursos naturales y desindustrializado. El blanqueo amplio y flexible
complementa este camino.
Para algunos puede parecer exagerada la definición de
guarida fiscal a partir de este plan de incentivo de grandes inversiones. A
nivel internacional existe consenso acerca de que una guarida fiscal refiere a
un paÃs que para ciertas empresas o instituciones financieras establece
regÃmenes impositivos reducidos o de baja carga fiscal y no dispone supervisión
o regulación monetaria, bancaria o financiera. El RIGI reúne estas caracterÃsticas
cuestionadas.
Un informe elaborado por abogados del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) -
institución intergubernamental creada en 1989 por el G8 (hoy G7 al estar
excluida Rusia) para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo- alertó por ambos proyectos (RIGI y Blanqueo), al señalar que son "permeable al ingreso de
capitales ilÃcitos de alto perfil”.
Puerta de entrada para
capitales de origen incierto
El diario ClarÃn publicó, a mediados del mes pasado, que especialistas
del GAFI entienden que el RIGI es una puerta de acceso camuflada “con visos de
legalidad” para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes,
armas y personas entre
otros, ingresen al circuito económico y financiero de Argentina sin exigencias
reales de licitud de origen y trazabilidad".
Para agregar que "las fallas de seguridad de la
ley son ostensibles, transformándola en funcional al blanqueo o lavado de
capitales, lo que significa transformar a la Argentina en una plaza complaciente para la operación
de organizaciones criminales de funcionamiento y objeto
multidimensional".
Menciona que no existe en el texto del proyecto de ley
ningún requisito sólido de acreditación de origen lÃcito de los fondos y avisa
que los grandes fondos
de flujo ilÃcito de dinero calificarÃan para ingresar al plan de incentivo de
grandes inversiones, con lo cual Argentina se transformarÃa en una guarida fiscal para
capitales de origen incierto.
La cesión de la
soberanÃa jurÃdica ata de pies y manos
Además de la controversia por las caracterÃsticas del blanqueo de Milei, existen desmedidos beneficios en el
RIGI que no podrán ser alterados en el futuro sin costos elevados,
puesto que prevé que las empresas puedan demandar internacionalmente al Estado
Nacional ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) en
caso de modificaciones en las condiciones inicialmente pactadas.
El Ciadi es una institución del Banco Mundial, con
sede en Washington, que no es imparcial, con mayorÃa de fallos a favor de
multinacionales en contra de paÃses periféricos demandados.
El RIGI
implica la cesión de la soberanÃa jurÃdica del paÃs.
Aceptar la jurisdicción del Ciadi implica convalidar este mecanismo de
dominación de los poderosos.
¿Qué es el Ciadi?
Fue creado en 1965 y Argentina aceptó su competencia
en mayo de 1991, mediante la firma de la llamada Convención Ciadi. El Congreso
ratificó esa decisión en 1994 y este mismo año la reforma constitucional les
otorgó a los tratados internacionales una jerarquÃa superior a las leyes.
En la década del ’90, la Argentina ratificó 58
tratados bilaterales de inversión donde delegó la soberanÃa jurÃdica en
cuestiones económicas en el Ciadi.
El argumento fue que de ese modo se atraÃa la
inversión extranjera, del mismo modo que se presenta hoy con la ley Bases. Brasil no integra ese tribunal
parcial dependiente del Banco Mundial e igual recibe inversiones en cantidad.
Se plantea como escudo protector contra posibles
abusos de Estados receptores de inversiones, pero en los hechos resulta ser una
espada empuñada por multinacionales para condicionar a los Estados.
Condiciones de
sometimiento
El proceso de las demandas en el Ciadi se caracteriza
por falta de transparencia. Mientras las leyes de un paÃs democrático son
aprobadas por el Parlamento, las reglas de ese tribunal arbitral no son el
resultado de ningún procedimiento legislativo.
Provienen de una estrategia impulsada por asociaciones
empresariales y de abogados para privatizar la Justicia, al menos en lo relativo al derecho mercantil
internacional. Definen que la vÃa del Ciadi sacrifica garantÃas en
aras a la rapidez y eficacia.
Por eso no hay posibilidad de apelación ante un órgano
superior, lo que adquiere mayor trascendencia cuando una de las partes
implicadas es un Estado, ya que supone una evidente pérdida de soberanÃa.
Es un arbitraje no recÃproco, en el que una de las
partes (inversores) reclama y sólo otra (Estados) puede ser condenada por
supuesta violación del Tratado Bilateral de Inversión -y en este caso, será del
RIGI-.
Tribunales arbitrales
parciales
El Ciadi conforma tribunales arbitrales, denominados
paneles, para cada demanda. En la práctica, la mayorÃa de los árbitros procede
de importantes estudios de abogados especializados en arbitraje internacional,
gran parte de ellos localizados en economÃas centrales.
Por eso es habitual que una misma persona actúa unas
veces como asesor de multinacionales y otras como árbitro en litigios
semejantes. Esto les facilita impulsar interpretaciones de los acuerdos sobre
inversiones favorables a los intereses de las multinacionales.
Con el
RIGI se pretende extender las condiciones de este sometimiento, las
cuales brindan al inversor extranjero privilegios que exceden la pretendida
igualdad de derechos con el inversor nacional: pasan a tener beneficios
mayores.
En el futuro, en otro contexto polÃtico, desconocer un
fallo no tendrá efectos jurÃdicos en el plano internacional, porque los tratados firmados por
Argentina prorrogan la jurisdicción nacional a favor del Ciadi y la convención
de ese organismo dice que las sentencias tienen valor de cosa juzgada y fuerza
ejecutoria.
Es una cesión irreparable de soberanÃa: por caso,
controversias sobre temas tributarios que afectan la recaudación de impuestos
nacionales e incluso provinciales pueden ser sometida a la decisión de
tribunales internacionales del Ciadi.
Guarida fiscal, cesión
de soberanÃa jurÃdica y beneficios impositivos escandalosos
El RIGI atenta además contra la industria nacional y las
pymes, en
beneficio de grandes empresas locales y extranjeras y las importaciones.
La iniciativa genera una significativa pérdida de
competitividad para los fabricantes nacionales frente a los
conglomerados internacionales, puesto que quienes sean titulares de
proyectos de inversión dentro del RIGI podrán importar insumos, materiales y
bienes de capital sin aranceles tanto para la etapa inicial como para el flujo
productivo durante 30
años.
En el plano impositivo, establece una alÃcuota única
de Ganancias del 25% (10 puntos más baja que el tope general), trato
preferencial para las utilidades y dividendos, la posibilidad de aplicar el
100% del Impuesto al Cheque como pago a cuenta de Ganancias. Se dispone la
amortización acelerada de bienes (en dos años), lo que implica una menor carga
impositiva en Ganancias.
También contempla la exención de derechos de
importación y tasa de estadÃstica para el ingreso de bienes de capital,
repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos.
Permite disponer libremente del 20% de las divisas
generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% al segundo año
y del 100% a partir del tercero. Se admite además la deducción sin lÃmite de
intereses de deuda entre empresas vinculadas, lo que favorece la evasión
fiscal.
Las empresas que inviertan en el RIGI podrán computar
sus quebrantos sin limitación, mientras que las pymes pueden hacerlo hasta 5
años. Podrán ceder a terceros los quebrantos, incluso a otras firmas del grupo
económico cualquiera sea la actividad, y además permite ajustarlo por
inflación, beneficio que hoy las pymes no tienen.
Proceso virtuoso de
desarrollo o vicioso de dependencia
Un documento compartido a legisladores de Unión por la
Patria elaborado por Mercedes
Marcó del Pont explica que está fuera de discusión que la Argentina
requiere incrementar la inversión pública y privada, de largo plazo, que
otorgue sustentabilidad al crecimiento económico, mejore la productividad,
genere empleo de calidad y modifique el perfil primario en su inserción
comercial en el mercado internacional.
Aclara que para impulsar un proceso virtuoso de esas
caracterÃsticas se requiere no sólo de un marco normativo que le de
previsibilidad a las empresas a la hora de asumir el riesgo de la inversión,
sino también del alineamiento de los incentivos que ofrece el Estado con los
objetivos del desarrollo nacional.
Pero el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones se aleja del
objetivo primario de impulsar el desarrollo industrial, laboral, tecnológico y
territorial. De hecho, propone desmantelar el andamiaje de protección a la
industria nacional.
Hacer lo que hacen
otros paÃses
Marcó del Pont ofrece un elemento de contexto global
relevante: el RIGI va a
contramano de las estrategias de promoción de la inversión que están aplicando
muchos paÃses. Otorga grandes beneficios tributarios a las empresas
sin ningún requisito de reciprocidad en términos de impulso industrializador y
desarrollo tecnológico.
Señala que, a diferencia de lo que ocurrió en otras
etapas del proceso de globalización, hoy la relación de fuerzas de Argentina
para fijar condiciones en materia de agregado de valor en el territorio y
transferencia tecnológica es favorable. "Esto se debe a que el paÃs
dispone de los recursos naturales crÃticos y la energÃa renovable —litio,
cobre, gas, vientos, sol y energÃa nuclear, entre otros— que requieren los
paÃses desarrollados para avanzar en el proceso de transición energética",
apunta.
Indica que se dispone, además, de capacidades
industriales, humanas y tecnológicas que habilitan a participar en los nuevos
encadenamientos industriales en torno a la transición verde. Afirma que un amplio
espectro de paÃses, que va desde Australia, Chile o Indonesia, entre otros,
exhibe un elevado activismo estatal para fijar condiciones que garanticen la
maximización del agregado de valor.
Las polÃticas activas, industriales y tecnológicas hoy son el común denominador en las economÃas desarrolladas y en forma creciente en los paÃses en desarrollo. Desde hace más de una década Estados Unidos y varios paÃses europeos iniciaron una carrera por recuperar empleos y capacidades productivas desplazados a Asia, particularmente a China, en la etapa de la globalización comercial y financiera. Esta tendencia se ha acelerado a partir de las disrupciones en las cadenas globales de suministros que, primero la pandemia y después la guerra en Ucrania, pusieron en riesgo la seguridad de los procesos productivos nacionales.
La ley Bases, con media sanción en Diputados, no sólo
avanza sobre derechos laborales y previsionales, sino que puede convertir a la
economÃa argentina en una guarida fiscal con pérdida de la soberanÃa jurÃdica y
condenarla a la desindustrialización y subdesarrollo. En el Senado comienza a jugarse el crucial segundo tiempo
de este proyecto de Milei.
Fuente: Página/12
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