Elizabeth Gómez Alcorta: “Las violencias por motivo de género requieren transformaciones muy grandes”
La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad detalla cómo se implementa
el Acta acuerdo contra la violencia de género. La urgencia de articular y un
análisis de la aplicación de la IVE.
28 de marzo de 2021
El 1 de marzo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández había
anticipado que este gobierno iba a tomar como política de Estado la
erradicación de las violencias por motivo de género. En esa semana también se
conocía que durante 2021 se produjo un femicidio cada 22 horas. Siete días
después, en un acto con todos los gobernadores de las provincias, presentó
junto a la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta el Acuerdo Federal
para una Argentina Unida contra la Violencia de Género”.
-¿Qué implica esta acta acuerdo que se firmó el 8 de marzo?
- Implica un compromiso muy fuerte de los tres poderes del estado nacional
pero también de los estados provinciales y municipales. Cuando vemos los
déficits que todos vemos vinculados a las intervenciones de las policías con
las tomas de denuncias, o de los poderes en muchos de los casos, o las
ausencias o carencias de aquellos que acompañen a quienes están en esa
situación, todo eso depende de las provincias. Hay 24 policías y poderes
judiciales en nuestro país que dependen de cada una de las provincias. Lo que
se resolvió fue crear un Consejo Federal para la prevención del abordaje de
femicidios y travesticidios, que implicó que adhieran (de cada provincia tenía
que participar la máxima autoridad) para que se lleven adelante las políticas
de seguridad, de justica y de género.
Son tres patas que tienen que articular en cada provincia y en el Estado Nacional. Este acuerdo federal pone en palabras lo que sociedad demandó a los estados y es que eran insostenibles los niveles de violencia con que se vive, que son históricos pero eso no modifica que en algún momento la sociedad tenga una conciencia muy grande de ellos, y que los estados sean los responsables. Sin el compromiso de cada provincia y de cada municipio es muy difícil comenzar a andar en este camino de prevención.
-¿Cuáles son los puntos programáticos del acuerdo?
-El acuerdo tiene a la vez unos puntos programáticos. Ellos son la adhesión
a un sistema de único de casos en todo el país, la adhesión a un sistema único
de denuncias policiales el primero depende del Ministerio de Mujeres y el
segundo del Ministerio de Seguridad; el compromiso de revisar en todas las
provincias cómo se gestionan las causas judiciales, los modos ver cómo trabajar
en las fuerzas de seguridad, de cada provincia tengan procedimientos ágiles
cuando hay situaciones de violencia de género que tiene involucradas las
fuerzas de seguridad. Se comprometieron las provincias en revisar y evaluar
cómo los sistemas de salud puedan tener vasos comunicantes con las áreas de
género, seguridad y justicia.
-Del 8 de marzo hasta acá ¿cómo se avanzó?
–Estamos recorriendo jurisdicciones en todo el país. Estuvimos en Tucumán, La Rioja, Misiones y el lunes voy a Neuquén firmando la adhesión de cada provincia al sistema integrado de casos de violencia de género, algo que para nosotros es central. Lo propio tiene que ir haciendo el Ministerio de Seguridad con las provincias para el sistema de denuncias de casos. Apenas asuma Martín Soria realizaremos la primera reunión para el Consejo Federal de Prevención de femicidios para trabajar coordinadamente con todas las áreas de las provincias, para que no quede en la fantasía de que las áreas de género tienen capacidad para transformar algo que es estructural porque muchas de las competencias dependen de otras áreas.
-¿Cómo se supervisa lo que sucede en las provincias?
-El acto del 8 de marzo la convocatoria buscaba un compromiso real, y eso
habla de que cada provincia va a destinar varios recursos humanos y materiales
porque sin eso es muy difícil. Ahora nosotras por convenio podemos avanzar en
lo que promovemos, como este Consejo de Prevención que busca articular y
volvernos a juntar. Pero está claro que en un país federal con un sistema
federal como el nuestro hay competencias que son de las provincias y que el
Estado nacional puede promover, fijar lineamientos pero no podemos intervenir.
Entonces como Estado colocamos en agenda la responsabilidad compartida para
tender a fijar una política de Estado, es decir que necesitamos que los poderes
judiciales se comprometan, que los poderes legislativo se comprometan a
modificar las cuestiones que deban modificar en términos legislativos. Que los
municipios del país creen las áreas de género. Cuando asumimos la base de datos
del Instituto Nacional de las Mujeres indicaba que el 30% de las
municipalidades tenían áreas de género. Sabemos que en 2020 muchos municipios
han creado las áreas de género pero necesitamos que todos los municipios tengan
área de género y que también tengan recursos porque es el lugar a donde van las
mujeres cuando necesitan ayuda del Estado. O termina recalando en las
organizaciones sociales o civiles que cumplen esa tarea que centralmente la
debería cumplir el Estado. Necesitamos que las provincias jerarquicen el área
de género, muchas provincias estos años a las secretarías le dieron rasgo
ministerial y eso implica más presupuesto, más lugar en la agenda política, más
recursos y más posibilidad de articulación.
-Ante cada femicidio en los últimos meses, la pregunta fue, ¿qué hace el
ministerio de las mujeres?
-Entre las consecuencias de la pandemia, generó mayores desigualdades hacia
las mujeres y eso implica más violencia. Cuando tenés más niveles de
desigualdad la consecuencia es más violencia, en todo el mundo. Estamos
transitando esa parte de las consecuencias y hay que pensar que si no
hubiésemos tenido algunas de las medidas de contención y asistencia hubiese
sido peor.
Después hay una parte de los ataques que tienen que ver con sectores
conservadores, sectores en el impacto que tuvo la conquista del aborto lo
devuelve con ataques certeros y dirigidos al ministerio de las Mujeres. También
hay mucho desconocimiento, suponer que si hay un femicidio la culpa es del
ministerio de la Nación es porque hay desconocimiento o mala fe. Porque no se
ataca a las áreas que tenían que estar asistiendo ahí, no se ataca al poder
judicial que intervino con enormes déficits ahí, o al área de seguridad a la
comisaría que no le tomaron la denuncia. Hay que decir que las violencias por
motivo de género requieren transformaciones muy grandes para efectivamente
reducirlas, son complejas y hay un entramado que no se modifica en dos o tres
años. Eso es falso. Lo leemos también en clave de que es un ataque contra los
avances de los feminismos de esos sectores que no quieren esas
transformaciones.
-¿Cómo es el trabajo de las promotoras territoriales que forma parte del
Plan de Acción contra la violencia por motivos de género?
-Todas las acciones están en marcha con distintos niveles, el más
importante es el Acompañar que tiene asistencia económica directa. Cada mujer
tiene derecho a acceder a este apoyo económico. Dentro del plan está el
registro de promotoras y promotores que hoy tiene 29 mil inscriptos en todo el país,
que ya recibieron 242 talleres. Hay contacto directo con todas ellas y este año
se está entregando el material de publicaciones del Ministerio de las Mujeres
junto a una guía para el trabajo territorial. También se vienen llevando
adelante talleres virtuales y algunos presenciales. Para nosotras es clave el
vínculo con el territorio pero recién este año estamos pudiendo viajar.
-Cómo se abordan todos los problemas que hoy tiene el poder judicial cuando
se trata de fallos o denuncias vinculadas a las mujeres
-El ministerio sacó lineamientos para pensar lo que pasa en el Poder
Judicial. Porque en la Argentina hay 25 poderes judiciales 23 de las
provincias, el de la ciudad de Buenos Aires y el Federal, y más allá de las
diferencias que tienen cada uno, efectivamente los poderes tienen déficits
estructurales que impiden o obstaculizan la intervención con perspectiva de
género. Pero también cuando se trata víctimas (por ejemplo, casos de abuso o de
trata de personas) o de mujeres imputadas, un caso es el de María Ovando o el
de Belén. O en los procesos de familia en los fallos por alimentos. Hay que
tener una mirada más amplia, porque el déficit es muy grande y requiere pensar
reformas estructurales, no de maquillaje, no que sólo tengan que rendir
exámenes, ni tampoco con más mujeres y diversidades en los poderes judiciales.
Hay otros lineamientos. En cada provincia intervienen sus justicias y son
provinciales, hay que mirar ahí para que cada poder judicial de cada provincia
lo tome. Nosotros, nuestra función es colaborar ahí, marcar la agenda, ponerlo
en la agenda pública.<<
A tres meses de la aprobación del aborto legal: ¿cómo se está
aplicando la ley IVE?
(Foto: Pedro Pérez)
La ministra de las Mujeres fue una de las
impulsoras del proyecto del aborto legal que se aprobó el 29 de diciembre en la
Argentina. Esa cartera es una de las que supervisa la aplicación de la ley en
las provincias. “Hubo muchos planteos legales, venimos haciendo el seguimiento
con Salud y Legal y Técnica. Estuvo interrumpida la aplicación en Chaco con una
resolución por demás carente de sustento normativo grave pero ahora la dejaron
sin efecto. Es decir que en estos tres meses la ley no tuvo un obstáculo en el
marco de lo legal y esto para nosotros es un buen comienzo”, afirmó la ministra
y anticipó que en los próximas días saldrá el protocolo desde Nación.
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