Informe especial: Cómo opera el circuito del contrabando y la simulación de importaciones de la oleaginosa

Dólar, soja y fuga

En 2020 la Argentina perdió 1900 millones de dólares por el rulo de importar soja para su procesamiento y exportación. Doscientos camiones semanales, sin embargo, llevan previamente los granos desde la Argentina a Paraguay y a Brasil para su reingreso posterior. Las sospechas de la UIF. Por qué no se sostienen los argumentos de productores y exportadores del complejo sojero sobre una maniobra que les reditúa fortunas y al país le provoca una sangría de divisas.

17 de enero de 2021

. Imagen: Pablo Aneli

“En casa de herrero, cuchillo de palo” es un viejo refrán que alude a la paradoja de un bien que debería abundar en cierto lugar y que, muy por el contrario, escasea. Tal parece ser el caso de la economía argentina, considerada como la tercera productora mundial de porotos de soja pero que aun así debe importar desde terceros países esos mismos porotos que sus tierras producen en abundancia.

Si esta paradoja ocurriera en nuestra economía solo de manera excepcional -por ejemplo, ante una disminución coyuntural de la producción agrícola por causas estacionales o por emergencias climáticas- o en contextos donde la existencia de importantes stocks de divisas disipara cualquier expectativa devaluatoria, no habría mayor motivo de preocupación. Sin embargo, la economía argentina no transita por ninguna de estas dos situaciones.

Por el momento, el gobierno logró superar con éxito la tormenta cambiaria que se desató hacia fines de octubre cuando el dólar ilegal, el CCL y MEP iniciaron una escalada que parecía no tener techo. En esos días, los habituales voceros del establishment vaticinaban una inminente y brutal devaluación que, por otra parte, asumían como inevitable. Finalmente, ello felizmente no ocurrió y hoy la situación del mercado de divisas pareciera estar controlada.

Claro que la estrategia de intervención para tranquilizar al mercado cambiario no fue gratuita y tuvo su trade off: el precio de esta tranquilidad se pagó con reservas del BCRA que, como ya todos sabemos, son escasas. El stock bruto de reservas al cierre de diciembre (39.216 millones de dólares) mostró que, durante la última turbulencia, el Central debió desprenderse de poco más de 2.100 millones en divisas para lograr que volviera cierta calma al mercado.

Por su parte, el último balance cambiario publicado por la entidad señalaba que, al cierre de noviembre, se registró un nuevo déficit de 753 millones de dólares y que, a esa altura del año, la economía acumuló un “rojo” de 5.795 millones, lo que pone en relieve la clásica evidencia de que la economía argentina consume muchos más dólares que los que logra producir.

La magnitud de déficit no es grave en sí -hablamos de un punto del PBI- sino que la gravedad que hoy representa se debe al contexto económico en el que tiene lugar. Por ejemplo, durante la gestión del macrismo en el Banco Central (2016-2019) se registró en el balance cambiario un déficit acumulado en cuatro años de 57.983 millones de dólares, a un ritmo promedio de casi 14.500 millones por año que fue cubierto a través de un gigantesco endeudamiento, de mayores liquidaciones de agrodólares y del ingreso masivo de capitales especulativos. Hoy, el actual directorio debe enfrentar una situación menos relevante en términos cuantitativos pero seriamente agravada por el hecho de no poder contar con ninguna de las alternativas mencionadas.

La soja es hoy el “cuchillo de palo” del sector externo. Según datos del Indec, entre febrero y noviembre de 2020 se importaron poco más de 5 millones de toneladas de porotos de soja por un valor total de 1.900 millones de dólares, una cifra que tampoco sería relevante si no fuera por el contexto crítico que atraviesan las posiciones cambiarias.

El 92 por ciento de la oleaginosa sin procesar proviene de Paraguay, el resto de Brasil y, en muy menor medida, de Uruguay. ¿Cuál es la razón que justificaría que Argentina le compre porotos de soja a los países vecinos cuando es capaz de producir 50 millones de toneladas al año? Los productores y exportadores del complejo sojero suelen recurrir a los siguientes argumentos.

En primer lugar, destacan la necesidad del sector aceitero de cumplir en tiempo con sus compromisos de producción. Esto lo lleva a aprovisionarse en otros mercados de suficiente materia prima que ingresa al país en calidad de importaciones temporarias para, luego, procesarlo y exportarlo al mundo bajo la forma de aceite, harinas y pellets. Hasta aquí la respuesta parece más que atendible, si no fuera por algunas otras evidencias que la tornan inconsistente.

Entre febrero y noviembre, mientras el sector aceitero importaba un promedio mensual de poco más de medio millón de toneladas de soja sin procesar, no se registraban faltantes que justificaran estas compras. Tampoco se interrumpió la exportación, lo que hubiese sido aconsejable para abastecer a la industria local en vez de importar.

El ejemplo más claro para graficar esta situación tuvo lugar en agosto pasado: mientras los productores informaban la existencia de un stock de 14 millones de toneladas de porotos de soja, las aceiteras importaron 471.400 toneladas. Los agroexportadores, por su parte, declaraban ese mismo mes ventas al exterior por 250.150 toneladas que, de haber permanecido en el mercado local, hubiesen servido para absorber más de la mitad de los suministros externos demandados por las aceiteras.

Estas operaciones cruzadas y aparentemente descoordinadas tienen, por cierto, nombre y apellido. En agosto, más de la mitad de las exportaciones de soja a granel (132.000 toneladas) fue realizada por la cerealera santafesina Díaz y Forti SA, firma que también exportó en el mismo mes 25.000 toneladas de aceite de soja. Recordemos al lector que hace un mes el BCRA suspendió las operaciones de cambio de Díaz y Forti SA, una módica empresa que creció exponencialmente gracias a vínculos bastante opacos -hoy minuciosamente investigados- con la intervenida aceitera Vicentin.

Otra razón aducida por el complejo aceitero en favor de la importación es que la soja sin procesar de origen paraguayo posee un mayor contenido en proteínas que la que se cosecha en Argentina. Ello permite un proceso más eficiente de la molienda del poroto y, por ende, una mejor colocación del producto final en los mercados internacionales. Este problema planteado como una falta de aptitud de la naturaleza parecería no tener solución.

Sin embargo, un estudio producido por Martha Cuniberti y Rosana Herrero, investigadoras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) muestra que, entre 1997 y 2018, la soja cultivada en la Zona Núcleo (conformada por los principales departamentos agrícolas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) perdió 5 puntos porcentuales de valor proteico y que esta pérdida podría haber sido corregida con una adecuada rotación de cultivos y combinando, durante el proceso de industrialización, cantidades adecuadas de soja de 1ª (que tiene mayor contenido de aceite) con soja de 2ª (con mayor contenido proteico). “Estas pérdidas -señala este interesante estudio que el sector sojero parece haber ignorado- se trasladan al productor que recibe un precio menor, a la industria que disminuye su capacidad de molienda y al país por disminución de las primas de harina argentina implicando una caída importante en los ingresos por exportación, como primer exportador mundial de harinas proteicas”. De modo que no se trataría, entonces, de la falta de una aptitud natural de nuestros suelos ya que, luego de leer el informe, queda bien claro que “lo que natura non da, el INTA sí presta”.

Una tercera respuesta al fenómeno de la importación de soja es la que el propio sector evita comentar. Recientemente, las autoridades policiales y tributarias misioneras detuvieron y decomisaron en la localidad de San Vicente una decena de camiones cargados con soja (aproximadamente 250 toneladas) que se dirigían a Colonia Alicia, en la frontera con Brasil. La fuga de soja argentina desde Misiones al Paraguay y Brasil para eludir el pago de derechos de exportación es una modalidad recurrente del contrabando y, según algunas fuentes, moviliza cerca de 200 camiones semanales que se desplazan desde Chaco, Santa Fe e, incluso, de Buenos Aires hacia la frontera noreste.

En torno a este problema, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, señaló que “cuando los granos no se liquidan oportunamente, no es sólo que quedan en el silo, sino que son objeto de contrabando”. Precisamente, parte de la soja que se fuga por la canaleta del contrabando es la misma que vuelve a ingresar al país bajo la modalidad de importación temporaria para ser procesada en las plantas de molienda locales.

Es importante recordar, además, que el régimen de importación temporaria permite que el industrial aceitero pueda deducir el valor de la importación de la materia prima de la base imponible sobre la que se aplican los derechos de exportación que debe pagarle al fisco argentino, de modo tal que solo debe abonar el gravamen por el valor agregado del procesamiento industrial. Ahora bien: ¿qué sucede en términos tributarios si una empresa lograra pasar de contrabando soja a granel a través de alguna de nuestras fronteras con destino a una filial o empresa asociada, por ejemplo, en Brasil o Paraguay para, luego, importar legalmente esa misma soja, en carácter temporario, para producir aceite, venderlo al exterior y pagar derechos de exportación solo por la diferencia de precios existentes entre el aceite y la materia prima? La respuesta es bien sencilla. Tan sencilla, que obliga a mencionarla en voz baja.

En muchos meses consecutivos de esta larga pandemia y sus consecuencias más evidentes (retracción económica, caída de reservas y restricción cambiaria), las miradas del gobierno y de los principales medios estuvieron puestas en el goteo incesante de reservas para satisfacer el deseo de atesoramiento de los pequeños ahorristas, habilitados a comprar de a 200 dólares por mes con el fin de preservar sus ingresos o para obtener una pequeña renta diferencial haciéndolos puré en el mercado ilegal. No intento minimizar este fenómeno sino señalar apenas que, mientras esto ocurría, también sucedían estas otras fugas más relevantes y sofisticadas, sin duda. Fugas sobre las que se habla muy poco y distorsionadas con operaciones mediáticas e infundadas denuncias sobre un supuesto avance del gobierno sobre la propiedad privada.

Una decidida estrategia de intervención pública en el mercado de granos, que no se agote en su aspecto exclusivamente cambiario y que se proponga coordinar la demanda y la oferta, evitando faltantes para el proceso industrial y, al mismo tiempo, combatiendo el contrabando y otras operaciones más complejas de evasión o elusión impositiva, aconsejan a todas luces que la cuestión un lugar de primer orden en la agenda pública. Sin estridencias ni anuncios oficiales que luego deben ser retrotraídos.

En nuestra economía el complejo agroexportador en general -y el complejo sojero en particular- es, tradicionalmente, el principal generador de divisas. Es razonable pensar entonces que el control, la regulación y la transparencia en todas estas actividades merecen una acción coordinada y efectiva de numerosas agencias gubernamentales, y no solo de la cartera económica o del Banco Central de manera aislada.

Por lo pronto, el esfuerzo público por frenar el drenaje de más de 1.900 millones de dólares anuales que van a parar a otras economías en vez de reinvertirse en el país bien vale la pena.

 

(*) Politólogo (UBA). Director de la consultora Tramas & Tendencias. ruben.achdjian@gmail.com

 

CLAVES: contrabando dólares

* El 92 por ciento de la soja sin procesar proviene de Paraguay, el resto de Brasil y, en muy menor medida, de Uruguay.

*  La fuga de soja para eludir el pago de derechos de exportación es una modalidad recurrente del contrabando.

* En agosto, más de la mitad de las exportaciones de soja a granel fue realizada por la santafesina Díaz y Forti SA, vinculada a la intervenida Vicentin.

* El control, la regulación y la transparencia del complejo sojero merece una acción coordinada de las agencias gubernamentales.

Fuente: Página/12