Proyecto de ley para que trabajadorxs y jubiladxs
paguen menos del impuesto a los ingresos personales
Ganancias, equidad,
fortalecer la demanda y elecciones
La controvertida iniciativa de elevar el mÃnimo no
imponible a 150 mil pesos mensuales. ¿Favorece la progresividad del sistema
tributario? Necesidad de mejorar el ingreso disponible luego de la gran crisis
por la pandemia y por la devastación neoliberal del macrismo-radicalismo. El
recuerdo de la experiencia electoral de 2015.
Por Alfredo Zaiat
Ganancias, equidad, fortalecer la demanda y
elecciones.
El proyecto de ley que eleva el mÃnimo no imponible
a 150 mil pesos mensuales del mal llamado Impuesto a las
Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia y a una parte de los
jubilados tuvo un apoyo inmenso.
Es una medida regresiva en términos tributarios que
ha tenido un consenso muy amplio, de derecha a izquierda del tablero polÃtico.
Cada una de las principales corrientes que integra
el Frente de Todos avaló inmediatamente sin ninguna
observación.
La alianza opositora macrismo-radicalismo adelantó
que acompañará la iniciativa oficial.
Fuerzas de izquierda saludaron el
anuncio y, como es esperable, piden más.
Todas las centrales sindicales salieron
a festejar la medida.
Casi todos los medios de comunicación aplaudieron
porque periodistas y analistas de la escala superior de la pirámide salarial se
beneficiarán.
Se requiere de un considerable esfuerzo de contorsión
intelectual y polÃtico para promover una estructura impositiva
progresiva al tiempo de respaldar una medida que, en términos de equidad
tributaria, va en dirección opuesta.
Progresivo
Semejante nivel de aprobación a esa medida es uno
de los más notables triunfos del pensamiento conservador, como el que
asocia la inflación a la emisión monetaria sin ninguna otra consideración sobre
las particularidades de la oferta y la demanda de dinero en la economÃa
argentina.
La evidencia empÃrica es contundente respecto a que
no existe esa relación lineal de emisión y suba de precios. Del mismo modo, los
antecedentes de sistemas tributarios de otros paÃses que tienen sesgos de progresividad muestran
que el tributo a los ingresos personales es uno de sus
pilares.
En 2018, en Argentina representaba apenas el 2 por
ciento del PIB. En Uruguay, 4,3; en México, 3,4 y en Brasil,
2,8. El promedio de los paÃses de la OCDE (desarrollados y algunos emergentes)
es 8,3 ciento, con máximo de 24,4 en Dinamarca.
En 2020, alcanzó a 2.303.600 personas, 25,6 por
ciento del empleo registrado. Estos contribuyentes
tienen un ingreso que supera el doble del salario promedio y forman parte de
los deciles 9 y 10, es decir, del 20 por ciento con mayores ingresos según el
Indec.
La imposición sobre personas fÃsicas en Argentina
es relativamente baja y esa es, de hecho, una de las principales
crÃticas que hacen los organismos internacionales a la estructura tributaria
local.
Informes de Cepal y OCDE advierten acerca de este
punto, señalando que la recaudación (tanto en Argentina como en el resto de
América latina) es muy inferior a la de otros paÃses desarrollados. Esto
se debe a un mÃnimo no imponible relativamente alto para lo que es el mercado
de trabajo del paÃs.
En la mayorÃa de los paÃses esa base para impuestos
a los ingresos sobre personas fÃsicas es inferior al ingreso salarial promedio,
mientras que para Argentina está bastante por encima.
Que en el debate tributario doméstico sea una
batalla perdida en cuanto a la progresividad de su estructura no debe inhibir
la reflexión acerca de cuáles son las bases de ese impuesto, como también los
aspectos polÃticos y económicos que motivaron la actual decisión de aliviar la
carga a un sector de trabajadores y jubilados.
Argumentos
La coincidencia para apoyar la actual propuesta
tiene su motivo: periodistas que definen lÃneas editoriales
pagarán menos y recibirán un sueldo de bolsillo mayor; las empresas podrán
mostrar que abonan salarios más elevados; y los sindicalistas, que pelearon y
consiguieron ingresos mayores para los trabajadores de su sector.
Los economistas mediáticos se
olvidarán, en una repentina amnesia selectiva, de su obsesiva
preocupación por las cuentas fiscales porque sus clientes estarán
satisfechos con que el Estado haga ese aporte para mejorar la situación
relativa de los deciles medios y altos de la pirámide salarial.
Decir que el salario no es ganancia o
por qué el trabajador tiene que pagar impuestos ha sido la más efectiva
estrategia de confundir el debate. Es obvio que el salario no es
ganancia entendida como la de una empresa; es la retribución a la fuerza de
trabajo. Lo que se oculta con esa sentencia es que lo que se grava
es el ingreso de una persona (no la ganancia), que puede ser bajo, medio o
elevado.
Si se transita una lÃnea de impulsar una medida
regresiva en términos tributarios, al menos serÃa un aporte para
mejorar el debate público modificar el tÃtulo para definirlo como impuesto a
los ingresos personales. La cuestión semántica no es irrelevante puesto que
con la actual denominación se habilita la confusión.
Este tributo tiene el objetivo de alcanzar personas
desde ingresos medios y altos en forma progresiva. Que existan sectores que
están eximidos, como el Poder Judicial en un obsceno privilegio, o
que se requiera actualizar la escala para que sea coherente al interior del
tributo, no implica que no haya que pagar nada.
Que exista una inequidad tributaria no significa
que se tenga que crear otra en lugar de ocuparse de solucionar la primera.
“Debemos tener un sistema tributario más
progresivo. Hoy paga más en proporción a su ingreso de Ganancias una enfermera
o un barrendero que una empresa minera o un bingo”, afirmó Sergio Massa,
presidente de la Cámara de Diputados.
Puede ser entonces que las mineras o las empresas
de bingo deban pagar mucho más impuestos de lo que hoy lo hacen.
Poder
Judicial
El impuesto a las Ganancias sobre Personas FÃsicas
fue, es y será el que le aporta mayor progresividad al sistema
tributario. La progresividad se genera por partida doble.
Por un lado, porque excluye a las personas
con menores ingresos mediante el mÃnimo no imponible. En el caso de
los asalariados, aunque fluctúa con el tiempo, cerca del 80 por ciento de los
trabajadores formales no paga el impuesto, y si se incluye en la base
de cálculo a los asalariados informales la proporción llega al 90 por ciento.
Por otra parte, al interior de quienes quedan
alcanzados, la aplicación de tasas marginales crecientes aporta un
segundo factor de progresividad, al gravar proporcionalmente más a medida
que se obtienen mayores ingresos.
Es cierto también que la cuestión de la equidad
tributaria queda en cuestión debido a las debilidades de la actual estructura
del Impuesto a las Ganancias. Esta contiene exenciones, como la
mencionada a los ingresos de jueces, que distorsionan el cuadro impositivo y,
por lo tanto, la discusión sobre justicia tributaria.
En esta instancia, precisado el carácter regresivo
de subir en esa magnitud el mÃnimo no imponible, irrumpe un aspecto coyuntural
en referencia al salario real de trabajadores y el poder adquisitivo de las jubilaciones.
Ante esa situación resulta provocador en cuanto a
equidad que un asalariado castigado durante cuatro años de gobierno de Macri y
en el año de la pandemia del coronavirus, que ahora aspira a recuperar poder
adquisitivo, tenga que pagar más de ese impuesto mientras que magistrados
no destinan ni un peso a cumplir con ese tributo.
Un documento de la Oficina de Presupuesto del
Congreso sobre el Presupuesto 2021 precisa el monto exacto de la exención de
Ganancias a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y de las
provincias: 41.285 millones de pesos. También están exentos los
intereses de los tÃtulos públicos, que suman 85.956 millones de pesos.
El camino adecuado a transitar serÃa cerrar
esas filtraciones y no profundizarlas. Para ello se requiere plantear un
debate integral del régimen. Se trata de pensar, en definitiva, un
sistema tributario progresivo, sustentable, transparente, simple y equitativo.
Salario
neto
En un contexto laboral muy complejo para el
universo de trabajadores formales, por la presión a la baja del salario debido
al ejército de reserva de un desempleo elevado, la intervención del
Gobierno resulta clave para equilibrar un poco la relación desigual con el
mundo empresario.
La elevación de la base imponible hasta 150 mil
pesos implicará resignar recursos fiscales por unos 40 mil millones de pesos,
según estiman los autores del proyecto.
Ese dinero mejorará el salario neto de los
trabajadores, al tiempo que aliviará un poco la tensión de las negociaciones
paritarias. La inicial orientación del aumento de 29 por
ciento, como la acordada por la Bancaria, con cláusula de actualización en
septiembre próximo –mes previo a las elecciones de medio término-, constituye
la base de las paritarias 2021.
En las salidas de grandes crisis, como en la
actual, se requiere de la participación del Estado para impulsar la mejora del
salario real. El antecedente último fue luego del estallido de
la convertibilidad. El gobierno de transición de Eduardo Duhalde determinó
aumentos de salarios por decretos, polÃtica que continuó el gobierno de Néstor
Kirchner que impulsó además paritarias libres.
De ese modo, el salario real pudo recomponerse
hasta alcanzar en el 2007 el nivel que tenÃa en 1998, cuando comenzó una recesión
que se prolongó cuatro años.
Fue ese impulso del Estado que permitió la
recuperación del salario real vÃa decretos y fortaleciendo a la parte sindical
en las negociaciones paritarias. Acción que resulta fundamental porque en ese
escenario el sector empresario busca también recuperar márgenes de
rentabilidad perdidos en la crisis, lo que presiona sobre la tasa de
inflación haciendo más complicado avanzar con el aumento del poder adquisitivo
de salarios y jubilaciones.
Ahora, con algunos matices, se repite el mismo
escenario de salida de una gran crisis, con un Estado que resigna
recursos fiscales para incrementar el ingreso disponible de trabajadores
formales y jubilados, al tiempo que orienta el sentido de las paritarias y
ha definido una fórmula de movilidad previsional que promete ganarle a la
inflación.
Demanda
Este tipo de intervención del Gobierno resulta
fundamental para generar las bases para un crecimiento sostenido de la
economÃa. La demanda doméstica (pública y privada) es el principal motor del
crecimiento, representando por lo menos el 70 por ciento del Producto Interno
Bruto.
El incremento de los ingresos de los sectores
populares es clave para comenzar un largo recorrido de
recuperación, primero de la devastación neoliberal dejada por la alianza
macrismo-radicalismo, y después del impacto fulminante de la pandemia.
Como se apuntó arriba, a fines del año pasado, el
Impuesto a las Ganancias involucraba a unas 2,3 millones de personas. Con
la propuesta de Sergio Massa, 1.267.000 de trabajadores y jubilados dejarán de
pagar, quedando sólo el 10 por ciento del total alcanzados por ese tributo.
"La recuperación del ingreso es clave para el
crecimiento de la economÃa este año. Sacarle el Impuesto a las
Ganancias a más de 1 millón 250 mil personas es mejorarles la capacidad de
compra y recuperar el ingreso”, afirmó Massa.
En el proyecto de ley se precisa el impacto en los
principales sectores económicos de la cantidad de trabajadores que
dejarán de pagar:
* Cerca de 179.000 (58 por
ciento) de la industria manufacturera.
* 133.000 (65 por
ciento) del transporte, logÃstica y almacenamiento.
* Aproximadamente
106.000 (74 por ciento) del comercio mayorista y minorista.
* Alrededor de
48.000 (46 por ciento) del sector financiero.
* Casi 27.000 (54
por ciento) del rubro de la construcción.
El proyecto de ley cierra con la siguiente
sentencia: "Esto representa un esquema altamente progresivo donde el
esfuerzo fiscal de 40 mil millones de pesos en el año se va a destinar al
"bolsillo" del trabajador y trabajadora, jubilado y jubilada que
destina la mayor parte de su ingreso al consumo, generando una polÃtica
virtuosa de mayor consumo y demanda".
Elecciones
A las mencionadas cuestiones de la equidad
tributaria y de la necesidad de mejorar el ingreso de trabajadorxs y jubiladxs
para fortalecer la salida de la crisis se le suma un aspecto polÃtico-electoral.
No es secreto que una parte de los
trabajadores alcanzados por este tributo votó en 2015 a Cambiemos por la
promesa –que resultó finalmente falsa- de eliminar el Impuesto a las Ganancias.
La resistencia del gobierno de CFK a subir el
mÃnimo no imponible estaba concentrada en que ese mayor ingreso disponible se
destinaba a comprar dólares, presionando sobre las reservas e incrementando de
ese modo la inestabilidad financiera. El saldo de esa decisión en las
urnas para el entonces oficialismo, aunque no fue el único factor, fue negativo.
Ahora la posibilidad de adquirir billetes verdes
está todavÃa mucho más limitada. En un evidente aprendizaje de esa
experiencia desfavorable, con las cruciales elecciones de medio término en
octubre próximo, la alianza de gobierno viene a dar respuesta a una demanda de
una parte importante de su base electoral.
Fuente: Página/12
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