- Diario La Bastilla

Se propone como modelo un país sin instituciones democráticas, con un Presidente en situación irregular y otro mal destituido. El Congreso tiene un rechazo mayor al 92 por ciento. La fiscal de la Nación fue destituida también por “abrir carpetas fiscales” a los congresistas (la regla tácita en Perú al parecer es que al Congreso “nadie lo investiga”). Hacerlo cuesta el cargo, como le sucedió a Delia Espinoza.

El fiscal “interino” decide desactivar comisiones porque, según él, éstas ya han “cumplido su ciclo”. Pero no queda claro de a qué “ciclo” se refiere, porque no han entregado aún ningún resultado concreto. Las denuncias están dispersas y a cargo de otros fiscales, que no conocen el asunto que deben sustentar. Es una forma indirecta de desdibujar un proceso.

El documental Uyari (escuchar en quechua), que expone el drama de las víctimas de las protestas en 2022, quiso ser censurado el día de su estreno (lo mismo sucedió hace dos años en Miraflores con la presentación de un informe de Amnistía Internacional, titulado ¿Quién disparó la orden?). Las familias escribieron una petición formal “Cinepolis, no retrocedas”, para que las salas comerciales no desistieran de proyectar la película. Finalmente lo hicieron. Fue un éxito “comercial”. Las salas están llenas por algo.

Pero en este contexto dramático, escuchamos que se propone repetidamente a Perú como “modelo” a seguir. Esta idea se basa en la pretendida estabilidad financiera o cambiaria, en la “solidez macroeconómica” del hermano país. Por eso se pasea su presidente del Banco Central por Argentina y el mundo, impartiendo “clases”.

Pero detrás de estas “clases” de “economía” pasan cosas. Hay un Presidente rural mal destituido. El reglamento del congreso establece un piso mínimo de 104 votos para vacar legalmente a un Presidente. Castillo fue vacado con 101. Esto es: tres votos menos que el piso mínimo que establece la ley. Su vacancia, en consecuencia, para cualquiera que sepa sumar, es jurídicamente nula. Carece de validez. Aun asi, como es un cholo de la Sierra, nadie lo dice. Ninguna institución judicial se atreve a decir lo que es obvio. Como es un “cholo” parece que sus derechos políticos valieran menos que los demás.

Con las vidas perdidas sucede algo semejante. Al tiempo que había manifestaciones en Perú luego de la caída irregular de Castillo, hubo también graves protestas en Francia contra la reforma laboral de Macron. Pero en Francia no murió nadie. En Perú, donde las manifestaciones fueron mucho más pacíficas que en París, murieron más de 50 personas y cientos quedaron heridos, ciegos, o en sillas de ruedas, postrados. ¿Una vida en Perú vale menos que una vida en Francia? ¿En Perú no se puede protestar y en Francia sí? Esas vidas están aún esperando que algún juez las investigue. Nadie lo hace. No hay ningún condenado. El fiscal “interino” para colmo “desactiva” a los equipos especiales que estaban “investigando” esas muertes, dejando los casos a la deriva. No hay voluntad real de llegar a la verdad. Como Castillo, los muertos son vidas “de segunda”. Sus vidas valen menos: no son de la ciudad. Son de la Sierra. Ese día no murió cualquiera. Ni en cualquier lugar. La policía sabía bien a quién disparar. Y dónde hacerlo. Eso tiene un solo nombre: racismo.

El relator de Guatemala para Perú sostuvo en un informe, en mayo de 2023, que hubo “actos no amparados por el derecho de protesta”. Es una formulación cómplice que debe ser descartada. Murieron jóvenes a perdigonazos disparados a corta distancia, fuera de todo protocolo. Jóvenes que salieron a la calle sin armas a manifestarse (igual que en Francia, en la misma fecha). Y fueron brutalmente asesinados por un Estado. Esos rostros de chicos, que viven en los retablos ayacuchanos, una forma de arte andino, nos interpelan. No los podemos dejar ir. Los peruanos hacen romerías. Las calles de Ayacucho hablan, diría Argüedas, cuyo “llamado a algunos doctores” deberían releer los fiscales y jueces de ese país que algunos proponen desde Argentina encima como “modelo” a seguir por su “estabilidad” cambiaria y política…

Fuente: Página/12