Patria o Milei: la opción
por la soberanía nacional en tiempos de entrega
Por Carlos Bianco (*)
y Juan Padin (**)
21 de noviembre de 2024 -
11:16
·
·. Imagen: Archivo
Cada conmemoración del Día
de la Soberanía Nacional nos permite reflexionar nuevamente sobre la gesta de
la Vuelta de Obligado. Acaecida en 1845 en los alrededores de San Pedro, al
norte de la provincia de Buenos Aires, se trató de una de las acciones de
defensa de la integridad territorial más importantes de nuestra historia. Allí,
fuerzas anglo-francesas habían confluido en una ofensiva naval con el propósito
de obtener la “libre navegación” del río Paraná e imponer sus intereses
comerciales.
La orden de detener la
invasión fue impartida por el entonces gobernador de la provincia de Buenos
Aires y responsable de las relaciones exteriores, Juan Manuel de Rosas. La
resistencia ofrecida resultó un punto de inflexión histórico equiparable al de
la Independencia, tal como lo señaló oportunamente el General San Martín,
advirtiendo que “los interventores habrán visto por esta muestra que los
argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca”.
Aquí y ahora, ante un
presidente que transita su investidura sin conciencia de Nación ni preocupación
alguna por salvaguardar los principios y objetivos permanentes de la Argentina
en el escenario internacional, esta conmemoración representa mucho más que una
evocación histórica: debe ser el punto de partida para construir un nuevo
programa político que retome la defensa del interés nacional fundado en la
soberanía política, la independencia económica y la justicia social.
La articulación de un
consenso programático en torno a la soberanía es tan necesaria como urgente a
la luz de un hecho incontrastable: Milei está llevando a cabo su proclamada
“destrucción del Estado desde adentro” en un mundo que va completamente en
sentido contrario. Ningún país del globo impulsa actualmente planes de
congelamiento de obras de infraestructura o un desguace de sus sistemas
científico-tecnológicos. Ningún gobierno baraja opciones para privatizar
activos estatales vinculados a la producción de energía, el uso de vías
navegables, o el desarrollo espacial y satelital. Contrariamente, una amplia
mayoría de países, especialmente aquellos que forman parte del G20
-agrupamiento que integra la Argentina con las principales economías del mundo-
avanzan en programas de política industrial, tecnológica y comercial con miras
a potenciar sus entramados productivos, cuidar el trabajo nacional y reducir el
grado de dependencia en insumos y bienes estratégicos.
Son tiempos en que la
política y la economía internacional se leen más que nunca en clave
geoestratégica, toda vez que la propia globalización neoliberal atraviesa una
profunda crisis, en un mundo marcado por una transición hegemónica que redunda
en un alto grado de incertidumbre y crecientes amenazas. En este contexto, cada
país busca preservar lo propio mientras se exploran opciones que permitan
redefinir una nueva arquitectura multilateral necesaria para la resolución de
los desafíos comunes a escala global. A contramano de cualquier lectura sensata
de este escenario, Milei se encarga día a día de despojar a la Argentina de
recursos críticos y renuncia a los márgenes de acción todavía disponibles para
hacer frente a esos retos.
En rigor, pocas veces un
espacio político hizo tan explícito un plan de gobierno que busca asfixiar
financieramente a las provincias y transferir a un puñado de actores globales
aspectos claves del desarrollo, como la potestad de definir la conectividad del
territorio, el abastecimiento de insumos estratégicos y hasta la cuestión
nuclear. A ello se suma la decisión explícita de subordinar las decisiones
acerca de la política exterior nacional a los dictados de potencias
extranjeras, amenazando a quien no se allane a ello con persecuciones y purgas.
En suma, diversas conquistas que fueron producto de luchas de varias
generaciones son entregadas por Milei a tiro de decreto y otros actos
administrativos. Tamaño nivel de enajenación traslada a la Argentina a debates
más propios del siglo XIX que del siglo XXI.
A tono con esa visión, en
todos los foros regionales y multilaterales el gobierno nacional rechaza a viva
voz (y en patética soledad) la consagración universal de los derechos de las
mujeres, las diversidades, las infancias, los adultos mayores, las personas con
discapacidad, los pueblos originarios, o la preocupación global por la cuestión
climática, entre otras materias. El presidente y su equipo parecen creer
exclusivamente en la inalienabilidad de los derechos de acreedores e inversores
especulativos. ¿Será por ello que han montado un Estado minuciosamente dedicado
a transferirles a cada uno de sus mandantes hasta el último centavo sustraído a
las partidas de educación, salud, nutrición, previsión, desarrollo social,
transporte e infraestructura de la República Argentina? Aquí no hay nada nuevo
ni peculiar. La financiarización y transferencia de recursos de las mayorías a
una minoría influyente tiene diversos antecedentes en la Argentina, al igual
que la persecución a las y los líderes populares que enfrentaron y enfrentan
sin dobleces el entreguismo.
En la Provincia Buenos
Aires ninguna extorsión, chantaje o amenaza conducirá a un cambio de rumbo. Estamos
convencidos de que la unidad nacional, el espíritu federal y el desarrollo
productivo son la clave para contrarrestar la senda de disolución que impulsa
el Gobierno nacional. En ese sentido, reafirmamos que el conocimiento básico y
aplicado que generan nuestras universidades públicas y centros de investigación
son una condición indispensable para impulsar un modelo productivo soberano e
inclusivo. Es por eso que, con miras a promover la soberanía
científico-tecnológica, seguimos invirtiendo en el sector y destinando nuevos
recursos ante la deserción del Estado nacional.
La apuesta por el
fortalecimiento de la infraestructura provincial y la inversión en el sector
energético y el sistema portuario son otro eje fundamental de nuestro gobierno.
No solo para mejorar la competitividad de los bienes y servicios agropecuarios
e industriales bonaerenses y así reforzar la soberanía productiva, sino para
dar respuesta a la deuda en términos de integración y conectividad que tiene la
provincia, principal motor productivo de la Argentina.
Al mismo tiempo, con una
mirada que busca fortalecer la soberanía comercial, fiscal y marítima del país,
reclamamos la cesión de jurisdicción del Canal Magdalena. El abandono del
proyecto por parte del gobierno nacional nos impide contar con una conexión
directa entre el río Paraná y la salida al Mar Argentino. Actualmente, el único
acceso a toda la cuenta del Plata es el Canal Punta Indio, un canal artificial
y angosto que obliga a buques que ingresan y egresan de los puertos argentinos
a utilizar los servicios del puerto de Montevideo. El Canal Magdalena, en
cambio, es una vía natural que habilita la doble circulación de barcos y que
permitirá contar con un paso soberano para nuestro comercio exterior,
propiciando a su vez una mayor conectividad marítima con los puertos del centro
y el sur de nuestro Mar Argentino.
Por otra parte, seguimos
reclamando la preservación del Mar Argentino que, con sus 5.000 km. de costas y
alrededor de un millón de kilómetros cuadrados de extensión, también es un
aspecto esencial de la soberanía. Su cuidado implica resguardar nuestras
riquezas naturales estratégicas, garantizar un puente geográfico elemental con
el resto de América, el Asia Pacífico y el centro y sur de África, y robustecer
nuestra presencia en el Atlántico Sur y las Islas Malvinas, cuya ilegítima
ocupación por parte del Reino Unido representa una violación constante de la
soberanía argentina y una interrupción de nuestra continuidad jurisdiccional
como país.
En síntesis, ni con la
subordinación a otras potencias ni con la destrucción de activos y capacidades
estratégicas será posible construir un país para todos y todas. Por eso, ante
un presente de entrega de nuestros recursos y subordinación ante potencias y
capitales extranjeros, los bonaerenses y las bonaerenses defenderemos una vez
más nuestro derecho a vivir en una Patria justa, libre y soberana.
(*) Ministro de Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires
(**) Subsecretario de
Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales de la Provincia de Buenos
Aires
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