Medidas especÃficas y cifras
del presupuesto desmienten la idea de contracción del gasto público y del
sistema jubilatorio
El fantasma del ajuste
La tarea de reparación del desastre macrista y el impacto
fulminante de la pandemia puede tener mayor o menor intensidad, pero
calificarla como un ajuste forma parte de una estrategia de confusión
deliberada.
Por Alfredo Zaiat
Las condiciones sociales y laborales son muy malas y las
perspectivas de recuperación no serán inmediatas. Es una
evaluación que no alcanza sólo para la situación argentina sino que es a nivel
global, coinciden economistas internacionales y organismos multilaterales.
La mayor o menor capacidad de los paÃses de alcanzar el
mismo nivel de bienestar general prepandemia depende de la fortaleza económica
y financiera previa. La economÃa argentina no cuenta con ese activo. Por el
contrario, arrastra la crisis macrista que el coronavirus profundizó.
Tal es la magnitud del desastre acumulado que el
objetivo de regresar a principios de diciembre es ambicioso. Se sabe que la
herencia del último ciclo neoliberal no se puede reparar en un año y mucho
menos cuando es uno de pandemia.
La tarea por delante entonces es más compleja. Esto no
deberÃa ser motivo de grandes debates teniendo en cuenta que todavÃa se sigue
padeciendo la desestructuración productiva en los años de la dictadura
cÃvico-militar y la privatización de servicios públicos básicos durante la
década del noventa. Los experimentos neoliberales dejan una estela de
larga duración.
Pero el inmenso dispositivo de derecha lo
ignora con una impunidad asombrosa. Sus análisis y reclamos se despliegan como
si no hubiese existido el fiasco económico del gobierno de Cambiemos y como si
en el 2020 la devastación del coronavirus hubiese sido un invento de
infectólogos.
La
mentira del ajuste
El endeudamiento desaforado y el reingreso del FMI en la
economÃa local serán una carga pesada que la condicionará en los próximos años.
Deducir de esta situación dramática que las medidas de reparación, que resulta
evidente que son insuficientes para una inmediata recomposición, son parte de
un plan de ajuste es otra muestra más de la persistente estrategia de
confusión deliberada.
El artÃculo del domingo pasado La mentira del ajuste generó
bastante incomodidad, lo que se reflejó en reacciones más crispadas que
las habituales. En general suelen suceder esas respuestas cuando el deseo o
preconceptos ignoran, además de los contextos local y externo, las cifras. En
definitiva, cuando el objetivo es rebatir fantasmas de otros.
Decir que no hay un ajuste en marcha no significa
desconocer que el cuadro social y laboral sea pésimo, además de
identificar los estrechos márgenes de autonomÃa de la polÃtica económica. Estos
exigen amigarse con una cuota de rigurosidad analÃtica y saber
discriminar la orientación de las polÃticas.
La evidencia histórica revela que las
experiencias neoliberales son partidarias del ajuste, mientras que gobiernos
nacionales y populares, que la vulgata denomina despectivamente
"populistas", impulsan polÃticas expansivas. El debate
podrÃa ser cuál es la intensidad y velocidad de aplicación, pero ha quedado
demostrado que eluden el ajuste como columna vertebral de la gestión.
Esto muestra la historia reciente, sin embargo algunos
piensan que cualquier medida siempre será un ajuste –no una revolución-
permanente. Diferente es la derecha y sus voceros que
tienen como polÃtica central el ajuste permanente y ahora hablan de un ajuste
cuando no lo es.
Los primeros forman parte de una opción polÃtica
invariable, en cambio los segundos exhiben un grado de impunidad máximo.
Reconstrucción
En ese sentido, uno de los principales escenarios de
disputa es el régimen jubilatorio.
El largo proceso de reconstrucción del sistema
previsional desde el 2003 fue demolido en cuatro años de macrismo. Ocultarlo
en la actual situación de crisis no colabora para la comprensión del sendero
necesario para recuperarlo.
En forma breve, en poco tiempo la alianza Cambiemos debilitó
la estructura del PAMI, redujo las prestaciones médicas y de medicamentos a
los jubilados, endeudó a los jubilados a tasas elevadas, licuó
el Fondo de GarantÃa de Sustentabilidad ("la plata de los
jubilados"), debilitó la solvencia del sistema con la denominada "Reparación
histórica" (medida que sólo benefició un poco a haberes medios
para arriba) y modificó la movilidad para deprimir los
ingresos de los jubilados.
En estos meses, antes de la presentación de la nueva
movilidad, el gobierno de Alberto Fernández impulsó medidas iniciales de reparación
del ecosistema previsional. Entre ellas, se destacan que el PAMI volvió a
cubrir el ciento por ciento de medicamentos y reincorporó prestaciones médicas,
los jubilados recibieron bonos para mejorar un poco sus ingresos y aumentos por
decretos que en el caso de las mÃnima superan en total a la inflación
acumulada, y se suspendió el pago de intereses y se redujo la tasa de interés
de los créditos Argenta.
Gran parte de los jubilados forma parte de uno de los
sectores más castigados. La clave pasa entonces por
distinguir entre polÃticas que buscan mejorar su situación relativa o las que
pretenden reducir el gasto previsional.
La evidencia en cifras y en medidas revela que los
gobiernos kirchneristas (2003-2015) y el actual de Alberto Fernández tratan
de recuperar la capacidad de compra de los jubilados. Es obvio que
es insuficiente por la brutalidad del ajuste macrista pero igualar ambos
senderos solo colabora a la confusión general.
Movilidad
El más reciente informe del Centro de Investigación y
Formación de la República Argentina de la CTA se refiere a la propuesta de
recuperar el esquema de la fórmula de movilidad de los gobiernos de CFK.
Con ajustes semestrales y con rezagos acotados en las
variables, se basa en un 50 por ciento en la variación de los salarios
registrados (Ripte) y en otro 50 por ciento en la variación de la
recaudación tributaria de la Anses dividida por la cantidad de
beneficios. A su vez, se establece un tope a los incrementos, que no podrán
superar en más de 3 por ciento la variación de la recaudación total de la Anses
por beneficio en los últimos 12 meses.
El reporte analiza la evolución de la jubilación
mÃnima desde la crisis final de la convertibilidad en 2001-2002, destacando
que el perÃodo de fuerte recuperación del poder adquisitivo fue consecuencia de
sucesivas decisiones del Poder Ejecutivo, con anterioridad a la vigencia de una
ley de movilidad automática.
Tras la ley sancionada a fines de 2008 las jubilaciones
tuvieron un incremento significativo, que acumuló 21,3 por ciento en
términos reales entre diciembre de ese año y el mismo mes de 2017,
cuando el gobierno de Cambiemos modificó la fórmula.
Apunta que en esa oportunidad se argumentó que el cambio
favorecerÃa el mantenimiento del poder de compra de las jubilaciones pero la
práctica demostró que no fue asÃ. Por el contrario, se perdió un 14,5
por ciento en términos reales en la jubilación mÃnima mientras esa
fórmula basada en el IPC y los salarios estuvo vigente.
El informe Cifra-CTA precisa que en 2020, con la
movilidad automática suspendida y con incrementos definidos por el Poder
Ejecutivo, logró aumentarse levemente el poder adquisitivo de las
jubilaciones mÃnimas. Hasta septiembre, antes del último aumento informado
que será del 5 por ciento, el acumulado del año era de 5,4 por ciento.
Propuesta
Los economistas de Cifra-CTA explican que el cambio
propuesto permitirá que las jubilaciones avancen siempre y cuando
mejoren los salarios y la recaudación de la seguridad social, que en
definitiva depende de la evolución de las remuneraciones y el crecimiento de los
puestos registrados.
Advierten que el contexto de mejora económica y del
mercado laboral es condición necesaria para que las jubilaciones se recuperen
de modo sustentable, para proponer que "serÃa deseable complementar la
propuesta con un piso que limite las posibles caÃdas de poder adquisitivo en
los haberes en momentos recesivos".
A la vez, señalan que las jubilaciones vienen siendo
golpeadas en los últimos años, estimando que en octubre de este año el
poder adquisitivo del haber mÃnimo quedó 18,8 por ciento por debajo del previo
al gobierno de Cambiemos. Con esa base, sugieren que "serÃa
deseable que se incrementen los haberes en forma previa a la aplicación de la
fórmula propuesta".
O sea, cualquier análisis riguroso reconoce que la
fórmula de movilidad propuesta puede mejorar el haber por encima de la
inflación, siendo superior que la de Macri. La clave es cómo recuperar
la pérdida acumulada durante el macrismo. Es probable que sea en algunos
años, con crecimiento económico, pero las necesidades inmediatas demandan una
recomposición más rápida, que además actuarÃa como factor de fortalecimiento de
la demanda interna. De ese modo se acelerarÃa el crecimiento en un cÃrculo
virtuoso de mejora de los ingresos de un sector castigado.
Cifras
vs. "ajuste"
Un ajuste serÃa que las jubilaciones mÃnimas no empaten
la tasa de inflación de este año y, con el último aumento anunciado del 5 por
ciento, lo más probable es que pueda estar uno o dos puntos por encima o
equilibradas, dependiendo de la evolución de los precios en el último
bimestre. Un bono de fin de año brindarÃa un poco de alivio. Esta
eventual medida como otras ya anunciadas deberÃa haber sido detallada en el
momento que se informó la discontinuidad del IFE.
Fue un error no forzado del Gobierno, que en
los dÃas siguiente corrigió. Error incomprensible teniendo en cuenta que en
este año implementó una serie de medidas destinadas a amortiguar el
impacto de la pandemia sobre el ingreso de los hogares y los sectores
productivos más afectados.
Se dispusieron medidas sociales especÃficas para la
atención de la emergencia que resultaron de excepción, pero también se
reforzaron y adecuaron programas sociales ya existentes. El presupuesto
estimado de este año para la atención de gastos primarios de la
Administración Pública Nacional registró un incremento real de 19,7 por ciento
respecto al monto ejecutado en 2019.
En términos de participación sobre PIB, el gasto primario
estimado para 2020 representa un 23,9 por ciento del Producto, un aumento de
6,0 puntos porcentuales respecto de 2019. Por su parte, el gasto primario del
proyecto de Presupuesto 2021 evidencia una variación interanual real
del 7,6 por ciento con respecto al Presupuesto estimado para 2020 (neto
de gastos covid) y del 8,4 por ciento respecto de 2019.
El incremento de esa participación resulta más que
significativo puesto que se realiza sobre una previsión de crecimiento
real del Producto para el próximo año de 5,5 por ciento.
Red de emergencia
El gobierno desplegó a lo largo de este año una
amplia red de emergencia y tiene previsto continuarla con adaptaciones el año
próximo. Entre las principales medidas se destacan:
* Las Asignaciones
Familiares y las Asignaciones Universales para Protección Social (AUH
y AUE) representan en 2020 un gasto total de 395.000 millones de pesos (1,5 por
ciento del PIB) y alcanzan a cubrir a más de 8,8 millones de niños y niñas. Los
beneficiaros de la AUH recibieron un bono extraordinario en abril de 3100 pesos.
Se sumarán entre 700.000 y 1.000.000 niños y niñas a la AUH, alcanzando una
cobertura total de más de 9,5 millones. Para 2021 el presupuesto contempla para
estas asignaciones un monto de 485.000 millones de pesos.
* En este año se
destinaron 270.000 millones de pesos (1 por ciento del PIB) al pago del
IFE, alcanzando una cobertura de casi 9 millones de personas.
* Entre abril y octubre,
se destinó cerca de 220.000 millones de pesos (0,8 por ciento del PIB) al pago
de salarios del sector privado vÃa ATP. Ya se habilitó la inscripción para
el programa de este mes. Las empresas de sectores considerados no crÃticos que
sigan requiriendo asistencia podrán recibir créditos a tasa subsidiada con 3
meses de gracia y 12 cuotas fijas para su devolución.
* Se otorgaron 565.200
créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas, entre abril y
octubre, por un monto total de 61.498 millones de pesos.
* Se entregaron 107.000
créditos para pymes a una tasa subsidiada del 24 por ciento por un
total de 486.115 millones de pesos.
* A través del ATP
también se redujeron o postergaron las contribuciones patronales para
contrarrestar la merma de ingresos de las empresas y el aumento del desempleo,
y se fortalecieron las asignaciones para el gasto por prestaciones del
seguro de desempleo, que se elevó a un mÃnimo de 6000 pesos y un máximo de
10.000 pesos, alcanzando a cerca de 120.000 personas desocupadas sin ningún
beneficio previsional o prestación no contributiva. Estas medidas tuvieron un
costo fiscal estimado para 2020 de 88.000 millones de pesos (0,3 por ciento del
PIB). Para el año próximo se prevé una asignación para el seguro de desempleo
de 15.200 millones de pesos.
* A través de la
Tarjeta AlimentAR se brinda asistencia a más de 1,5 millones de
familias que perciben la AUH/AUE con hijos e hijas de 6 años en situación de
vulnerabilidad o discapacitados sin lÃmite de edad, alcanzando una cobertura
aproximada de 2,9 millones de niñas y niños. Además, se brinda asistencia
alimentaria a través del complemento alimentario y la asistencia de cerca
de 22.500 comedores escolares y comunitarios. Para este año, el
presupuesto prevé 136.000 millones de pesos para la atención de la polÃtica
alimentaria en su conjunto (0,5 por ciento del PIB). Para 2021 se prevén
partidas por 114.250 millones pesos.
* El otorgamiento de subsidios
a los servicios públicos de energÃa y gas, y transporte público de
pasajeros son polÃticas que incrementan el ingreso disponible de las
familias. En 2020 el monto para la atención de subsidios a la demanda de
estos servicios alcanza los 418.000 millones de pesos y para 2021 se prevé
575.000 millones, manteniendo en ambos años una participación del 1,5 por
ciento sobre el PIB
* En 2020 se unificaron
los planes sociales Hacemos Futuro y Salarios Social Complementario bajo el
programa Potenciar Trabajo y se realizaron 83.000 altas para absorber
parte del trabajo del mercado informal que aún no ha podido recuperar su nivel
de actividad, previéndose una cobertura que supere los 650.000 beneficiarios
durante este año.
* La
Anses suspendió el cobro de los créditos otorgados por la gestión anterior,
lo que implicó un esfuerzo fiscal de 80.000 millones de pesos (0,3 por ciento
del PIB).
* El Pami recuperó la
polÃtica de medicamentos gratuitos alcanzando a 2,3 millones
de jubiladas y jubilados, a quienes les significa un ahorro promedio mensual de
entre 1000 y 3200 pesos.
Estas cifras son públicas. Ahora que comience el
debate sobre el fantasma del ajuste.
Fuente: Página/12
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