Qué venden, cómo operan y qué esconden
Los “templos del ahorro”: importaciones sin control, electrodomésticos flojos de papeles y precios en dólares
En el Conurbano y grandes centros urbanos del país se multiplican los galpones con productos de China a bajo precio y con escasa regulación. Expertos alertan por el incumplimiento de requisitos de seguridad y empresarios denuncian competencia desleal.
Pablo tiene 25 años y desde hacía meses quería comprar una freidora de aire. Buscó, comparó y se frustró más de una vez, hasta que encontró su revancha en un galpón de productos importados en la zona oeste del Gran Buenos Aires. “La pagué menos de 100 lucas, cuando una similar en una marca conocida estaba 150, imposible de comprar", cuenta a Página/12 mientras recorre los pasillos del lugar.
Al calor de la apertura de importaciones, desde mediados de 2025 se inauguraron múltiples “templos del ahorro”, grandes superficies ubicadas en distintos puntos del Conurbano bonaerense y otros grandes centros urbanos del país que ofrecen productos traídos del exterior a precios irrisorios que en tiempos de crisis ofrecen una alternativa económica para bolsillos deprimidos. Sin embargo, expertos alertan por la falta de controles e incumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad.
El sitio tiene la estética cruda y la organización de un depósito mayorista, con estantes infinitos que van desde el piso hasta el techo y torres de cajas inalcanzables. Los fines de semana explotan: atraen miles de personas que hacen filas de más de una cuadra para ingresar y acceder a precios tentadores, imposibles de conseguir en las grandes cadenas. Muchos aparecen expresados en dólares, se paga al tipo de cambio blue del día y hay descuentos del 10 % abonando en efectivo.
En los “templos del ahorro” confluye todo y más. Sillas de comedor tapizadas y mochilas con rueditas para niños a $25.000; botellas de acero inoxidable por $9.000 y hasta bicicletas por $200.000, muy por debajo del promedio del mercado.
Pero el imán que atrae a los cazadores de ofertas son los productos eléctricos: mini ventiladores de mano por menos de $3.000, auriculares gamer por $8.500 o bufandas calefactoras por $18.000. También pavas eléctricas a $12.289, planchas a $22.000 o una estufa de cuarzo a $10.000. La oferta no tiene fin: planchas para cocina, freidoras de aire, picadores de carne, hornos y wafleras, entre otros.
Baratos, pero inseguros
Pero desde la Cámara de Fabricantes y Vendedores de Pequeños Electrodomésticos (CAFAVEP) aseguran que es imposible ofrecer estos precios cumpliendo con todos los estándares de seguridad. Además, denuncian que el contexto de baja de aranceles para la importación se mezcla con “una subfacturación sistemática de entre el 50% y el 85% del valor real de los productos con la venia de las autoridades aduaneras" para pagar aún menos impuestos.
Los empresarios aseguran que es imposible importar ventiladores retráctiles o freidoras de aire por U$S 5 o cafeteras por U$S 2,70 como está ocurriendo. “Los costos reales mínimos están entre tres y cinco veces por encima esos valores”, sostienen ante Página|12.
En el afán de bajar los precios a como dé lugar, el Gobierno flexibilizó y eliminó regulaciones para importar productos eléctricos. “Nadie controla lo que ingresa al país”, advierte a este medio un profesional especializado que era clave en los controles de electrodomésticos importados.
Importaciones sin control, la receta del Gobierno contra la inflación
Vía resoluciones, entre mediados de 2024 y 2025 el Gobierno de Javier Milei facilitó la importación de electrodomésticos, por un lado con la quita de aranceles para importación, y por el otro con el relajamiento de las medidas de seguridad.
“Antes el control tenía que hacerse en Argentina, se certificaba que el producto fuera lo que decía ser y se tomaba una muestra para someterla a un ensayo de laboratorio en el INTI o en privados, salvo convenios con otros organismos de control internacionales”, explica el especialista. En esos procesos se verificaba que el producto “no provoque choques eléctricos o que no propague fuegos”, ejemplifica.
En la actualidad basta con ponerle a la caja del producto un QR con una declaración jurada del importador validada por un organismo certificador, nacional o extranjero, que asegure que cumple con todas las reglas. El Gobierno apartó de los controles tanto a la Aduana como a los organismos nacionales. “Ahora el proceso se invirtió y el control es posterior, pero nadie controla”, alerta el profesional.
Para abaratar costos, muchas empresas importan productos que al ingresar a la declaración jurada dicen una cosa, pero en realidad son otra.
Es el caso de una “parrilla grill” con una potencia de 2.000 watts que se comercializa en un galpón de electrodomésticos y artículos para el hogar en Ituzaingó, en el oeste del Gran Buenos Aires: aparece declarada como “tostadora” de hasta 850 W.
“Registramos varios casos donde le encajan certificados de productos aprobados a productos que no lo están. Por ejemplo a una tostadora le ponen el certificado de un horno eléctrico. Nosotros denunciamos el caso de un termo eléctrico de 700 W que declararon como pava de 1.200 W″, ejemplifica Guillermo Duodero, ingeniero en electrónica de Peabody, empresa de electrodomésticos.
Al establecerse un control posterior, todos los productos son seguros hasta que se demuestre lo contrario. Pero es imposible controlar de manera rápida cuando los productos ya se comercializan. “Detectaron un caso de una heladera que incumplía normas mínimas, hicimos la denuncia desde la Cámara, pero hasta que los sancionaron pasaron nueve meses y ya habían vendido todas. Encima apelaron la multa y andá a saber cuándo van a pagar”, cuenta desesperado Dante Choi, dueño de Peabody.
En estos dos años, la empresa despidió e hizo acuerdos por desvinculaciones. Así, pasó de 350 empleados a poco más de 60. “Las ventas cayeron entre 30 y 40 por ciento”, lamenta Choi, que mudó gran parte de su operación a Paraguay para abaratar costos, aunque asegura que así y todo le cuesta competir contra las importaciones desleales.
Subfacturación y baja calidad, un combo letal
La CAFAVEP denuncia que los valores de miles de productos que ingresan al país son irreales.
“Están entrando electrodomésticos a valores que están por debajo de la materia prima que se utiliza para fabricarlos”, sostiene el ingeniero Duodero.
“Nosotros mandamos ese termo a un laboratorio privado y le encontraron diez puntos que incumplían los requisitos mínimos de seguridad, desde protecciones para el calentamiento que permiten que se apaguen sin agua, hasta la estabilidad. Se volcaban muy fácil”, alerta.
Los especialistas coinciden en que la gama de productos que ofrece el mercado chino es muy amplia: una misma fábrica puede producir cumpliendo ciertos estándares, pero si le piden bajar costos pueden personalizar el producto para ahorrar en aspectos de seguridad.
Así y todo, los empresarios sostienen que es imposible que el costo de los productos sea el que declaran en la Aduana. “Hay subfacturación sistemática de entre el 50% y el 85% del valor real de los productos“, con el objetivo de pagar aún menos impuestos.
Choi recuerda que en 2016 su empresa fabricó desde cero un ventilador de techo retráctil, con un costo material de U$S 35, pero que desde el año pasado ese mismo producto se importaba desde China a U$S 15 y meses después a U$S 5. “No se puede hacer por menos de 20 si querés cumplir lo mínimo que pide la ley“, sostiene.
El empresario le propuso a la Aduana que pidiera el certificado de exportación que las empresas presentan en China. Allí figura el precio real porque tienen que pedirle el porcentaje de subsidio al gobierno chino. “Se me rieron en la cara. Me dijeron ‘nosotros estamos liberalizando’”, cuenta con fastidio.
Un ejemplo concreto son las pavas eléctricas, que se consiguen en torno a los $12.000, cuando en Argentina está vigente una medida antidumping que establece que no se pueden importar por debajo de los U$S 12,46 por unidad, unos $17.600.
Excepto que importen para perder dinero, los números no cierran. A ese cálculo aún habría que sumarle costos como impuestos aduaneros e internos, tarifas y salarios que el comercio tiene que afrontar.
Si bien las grandes cadenas suelen ser más rigurosas a la hora de comercializar productos, no son completamente ajenas a estas prácticas. “Nosotros somos proveedores de una cadena grande y les dije que estaban vendiendo una estufa de cuarzo que no cumplía las condiciones. Me contestaron que ‘nos quedan 400, mejor esperamos y pagamos la multa si nos agarran’ y no la retiraron”, asegura Roberto Cristiá, dueño de CRIVEL y presidente de la CAFAVEP.
Su empresa fabrica electrodomésticos en Rosario y también achicó su planta: pasó de 120 empleados en 2023 a 45 en el presente. “Esto es como los 90. Hasta ese entonces los termostatos para calefacción y las planchas las hacíamos acá. Había cuatro o cinco fabricantes, ahora vienen de China″, sostiene el empresario.
La mayoría de estos casos ocurre con electrodomésticos chicos, ya que son más fáciles de transportar y tienen costos menores. Pero la falta de controles también afecta a los grandes productos. “Una empresa importante trajo una heladera que era una porquería, no estaba preparada para enfriar en zonas tropicales y no funcionaba en el norte del país”, cuenta Alejandro Schwartz, dueño de Visuar, la fabricante de heladeras y lavarropas de Samsung en Argentina.
La compañía infractora fabricaba en Catamarca, hasta que a principios de este año anunció el cierre de la planta para ahora importar todos sus productos desde Asia.
Schwartz también cita el caso de un lavarropas que prometía ser de seis kilos, pero no lo era. “Tardaron nueve meses en multarlo, ya se habían vendido todos. Sin contar que te apelan la multa y no la pagan. Y cuando lo hacen, igual les queda ganancia”, explica frustrado.
“Es cosa de mirar bien”: cuando el Estado deja de controlar
En un contexto de caída de los salarios y el consumo, las importaciones baratas son la única vía de acceso a ciertos productos para millones de personas. Con un Estado que se corre de sus funciones de control, los propios consumidores deben convertirse en especialistas en seguridad eléctrica.
“Es cosa de mirar bien”, explica Silvia, una mujer de unos 40 años que recorre los pasillos del galpón con su changuito. “Te das cuenta que hay cosas muy truchas, entonces hay que tratar de no comprar lo más barato”, reconoce. Si bien dice que recurre a estos lugares “más que nada para comprar chucherías”, también aprovecha para adquirir electrodomésticos que “de otra manera no podría tener”.
Pero más allá de estrategias como “fijarse si la caja parece muy trucha”, como dice Silvia, el consumidor promedio tiene pocas herramientas para verificar si un producto eléctrico es seguro. “Es medio complicado que alguien sepa si un plástico es antiflama o si las estufas tienen un termostato que se corta a cierta temperatura”, lamenta Duodero.
¿Y cuánto tiempo hay para probar un producto adquirido en estos galpones? “La garantía es de 72 horas”, responde un trabajador ante la consulta de este diario.
Si bien en sus redes sociales aseguran que en algunos productos el lapso de tiempo es mayor, la Ley de Defensa al Consumidor establece que la garantía mínima para productos nuevos debe ser de seis meses.
“Los consumidores no pueden evaluar esas cosas, se necesita un ensayo de laboratorio. Las declaraciones juradas de los QR son inentendibles y no hay controles de lo que ingresa al país”, lamenta el especialista de un organismo nacional.
Pero el anhelo de consumo, en ocasiones, puede más que la precaución. “Tenés que estar atento que no te vengan cosas falladas, el control de calidad es uno mismo”, asegura Rubén, de 40 años. Responde sin quitar la vista de los altos estantes mientras camina concentrado en busca de algún producto que le llame la atención. “Tienen buenos precios y hasta ahora no pasó nada grave. ¿Algo de marca? No se puede comprar ya”, sentencia, mientras posa su mirada en una cafetera.
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