Preocupación por las investigaciones por crímenes de la dictadura

La Armada da luz verde para destruir documentación

La Marina está mudando su archivo general y, en una resolución, permite "depurar" y "triturar" papeles. El abogado querellante Pablo Llonto pidió que se impida el traslado y que el ministro Luis Petri vaya a Tribunales a dar explicaciones.

Por Luciana Bertoia

 

29 de enero de 2025 - 00:19

·          

·          

·          

. Imagen: Archivo

La Armada decidió mudar su archivo general y, como parte parte de la mudanza, resolvió “depurar” la información que tiene en su poder. Para eso, la jefatura de la fuerza autorizó a “triturar” documentación. El tema ya llegó a oídos de abogados y organismos de derechos humanos, que están extremadamente preocupados porque esto podría afectar la prueba necesaria para impulsar las investigaciones por crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura.

El archivo general de la Armada está ubicado en Bolívar 1622 y tiene más de 5800 metros lineales de documentación, según figura en la web. Aunque esos números podrían ser demasiado austeros –o estar demasiado desactualizados. Expertos en archivos estiman que son casi 8 kilómetros lineales. 

Según pudo saber Página/12, la cúpula de la Marina decidió, a través de una resolución reservada, que el Archivo General de la Armada (AGA) pase a lo que se conoce como Garage Central, ubicado en la zona de Retiro, cerca del edificio Libertad y de los tribunales de Comodoro Py. Hay quienes ven en esa decisión algún interés inmobiliario por parte del gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

Las tareas de “depuración” comenzaron en los primeros días de enero y estaría previsto que el traslado de la documentación se produzca durante febrero. Quienes manejan el AGA deberán decidir qué se muda y qué se separa para ser destruido.

Desde Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA) difundieron un comunicado en el que expresaban alarma ante la orden de eliminar documentación. “Es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”, advirtieron.

La documentación en poder de la Armada es fundamental para la causa en la que se investigan los crímenes en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se estima que 5000 personas estuvieron cautivas.

No es en el único expediente en el que una alteración en el AGA puede tener impacto: también puede generar “baches” en las causas que tramitan en la jurisdicción de Bahía Blanca o en la de Mar del Plata, donde también la Armada estuvo involucrada en secuestros, torturas y desapariciones.

Este diario se comunicó con el área de prensa de la Armada. Dijeron no estar al tanto del traslado –que este medio lo tiene confirmado por diversas fuentes– y pidieron que se enviara la consulta por correo electrónico. Al cierre de esta edición, no había llegado una respuesta a la consulta sobre las implicancias de la mudanza.

 

 

Borrar las pruebas

La Armada estuvo históricamente sospechada por el manejo de la documentación del período 1976-1983. Los legajos de los marinos que actuaron en la ESMA desaparecieron o se vieron alterados. Tal fue el caso de Alfredo Astiz, posiblemente la cara más conocida de ese grupo de tareas. Su foja de servicios y parte de su accionar –incluidas las infiltraciones en el movimiento de derechos humanos y en los grupos de exiliados en el exterior– se reconstruyeron gracias a documentos burocráticos que hallaron los equipos de relevamiento y análisis documental (ERyA) que funcionaban en el Ministerio de Defensa.

Hacia finales de la dictadura, la Armada conformó una comisión dedicada a borrar las pruebas de su accionar represivo. Las primeras noticias de ese grupo se conocieron gracias al testimonio del sobreviviente Víctor Basterra. Él dijo que se llamaba Copese, pero no sabía qué significaba esa sigla.

Según declaró Basterra, la comisión tuvo dos etapas. Inicialmente, en 1982, vio que oficiales, como Jorge “Tigre” Acosta o Alberto “Gato” González –que se lo presenta como el mentor de la vicepresidenta Victoria Villarruel– seleccionaban documentación y la microfilmaban. En la segunda etapa, Basterra observó cómo integrantes del área de inteligencia del grupo de tareas bajaban documentación y la colocaban en un camión. Después los veía volver sucios, con cenizas en sus ropas y con el rostro “arrebatado” como quien se expone largo tiempo al calor del fuego. Para él, había pocas dudas de que incineraban los papeles que ya habían sido microfilmados.

Los ERyA confirmaron el testimonio de Basterra. En el legajo de Raúl Scheller encontraron notas que hablaban de la creación de la Comisión Permanente de Estudio de Situaciones Especiales (Copese) para octubre de 1982. El grupo se disolvió ya entrada la democracia, a través de una resolución secreta que firmó el entonces jefe de la Armada, Ramón Arosa, el 13 de febrero de 1984. Para entonces, ya estaba funcionando la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

Una disputa judicial

A última hora del martes, el abogado querellante Pablo Llonto hizo una presentación en el marco de la megacausa ESMA. Allí solicitó que de manera urgente, y aún en feria judicial, se dicte una medida de no innovar sobre todo el archivo de la Armada. Reclamó, además, que se cite al ministro de Defensa, Luis Petri, y al jefe de la Marina, Carlos María Allievi, para que brinden explicaciones.

Llonto detalló que está en peligro todo el archivo de la fuerza: legajos, documentos de inteligencia, reglamentos, fotografías, planos, organigramas e informes del período 1976-1983 y posteriores. “De impedirse el acceso a las y los trabajadores de dicho archivo y paralizarse el trabajo del mismo a raíz de esta orden arbitraria e ilegal dada por parte del ministro y el jefe de la Armada, ello producirá un claro perjuicio en los derechos de las víctimas”, señaló el abogado.

Carlos Lordkipanidse, que estuvo secuestrado en la ESMA, comparte la preocupación. “Por supuesto que repudio totalmente está nueva maniobra garantista de la impunidad por parte de la Armada Argentina”, le dijo a este diario. “Haremos inmediatamente, como querellantes en la causa ESMA, una presentación ante el juzgado interviniente para que toda esa documentación sea preservada y examinada por personal competente y comprometido con la causa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad”.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anticiparon que harán una presentación para prevenir la destrucción de la documentación. Posiblemente otras querellas se sumen a esa iniciativa.

La megacausa ESMA está en manos del juez federal Ariel Lijo, que fue el magistrado que le dijo a la Secretaría de Derechos Humanos que debía garantizar que los sitios de memoria sigan en funcionamiento como hasta ahora. Actualmente, lo está reemplazando la jueza María Eugenia Capuchetti.

Petri ya viene siendo cuestionado desde hace casi un año por el manejo de los archivos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos. En marzo del año pasado, decidió desarmar los ERyA, acusando a sus integrantes de “perseguir” a los militares. La decisión fue aplaudida por los represores, que estaban interesados en que no llegara prueba en su contra a los tribunales. Más de 30 fiscales se opusieron y advirtieron que la resolución del ministro iba a obstaculizar las investigaciones en curso. Éste fue uno de los temas que dominó la discusión entre organismos de derechos humanos y el gobierno de Javier Milei en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Ministerio de Defensa no es la única dependencia donde se observa esta tendencia. La semana pasada, el fiscal Alejandro Alagia visitó el Archivo Nacional de la Memoria, emplazado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (exESMA), y advirtió en un informe que la documentación que allí está resguardada –incluida la de la Conadep– está en peligro.

Fuente: Página/12