No se define en qué expediente debe investigarse el crimen de los sacerdotes palotinos
La
Masacre de San Patricio, en un limbo judicial de 47 años
La
investigación por el asesinato de cinco religiosos el 4 de julio de 1976 carece
aún de responsables, partÃcipes o cómplices identificados. El colectivo
Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia reclama definiciones para
evitar la impunidad biológica de los responsables.
4 de julio de 2023 - 00:01
·
El homicidio de los
palotinos fue mencionado en la megacausa ESMA, pero todo indica que los
asesinos pertenecÃan a la PolicÃa Federal.
En la
madrugada del 4 de julio de 1976, una patota de represores ingresó a la
parroquia de San Patricio, en el barrio porteño de Villa Urquiza, acribilló a
los sacerdotes católicos Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau y
a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. “Estos zurdos
murieron por ser adoctrinadores de mentes vÃrgenes", escribieron los
represores en las paredes del lugar, donde agregaron: “Por los camaradas
dinamitados de la Seguridad Federal”. Pasaron 47 años de la “mayor masacre que
sufrió la Iglesia durante la dictadura” y la investigación judicial que la
revisa permanece “en un limbo” en el que carece aún de responsables, partÃcipes
o cómplices identificados.
“Tenemos
premura porque vamos al callejón sin salida de la impunidad biológica",
insistió en la vÃspera del aniversario Ramiro Varela, referente del
colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en
diálogo con Página/12. A través suyo, el colectivo fue admitido
como amicus curiae en el expediente judicial que desde agosto de 2021 sumó
algunas fojas y finalmente pasó de juzgado.
El
asesinato de los palotinos de San Patricio apareció mencionado en la megacausa
ESMA en 2005. Dos sobrevivientes de ese centro clandestino declararon que el
genocida Antonio PernÃas, se habÃa jactado de haber participado de
la masacre. Luego, los marinos Miguel Angel Balbi y Claudio Vallejos hicieron
lo propio. En 2006, PernÃa y otros 15 colegas suyos en el horror de aquel lugar
–Jorge “Tigre” Acosta y Alfredo Astiz, entre otros– fueron procesados, pero la
Cámara Federal consideró que las pruebas no eran suficientes.
AsÃ
siguieron, “en la cuerda de la megacausa” los casos durante más de 15 años
hasta que el juez federal Ariel Lijo, a cargo en subrogación del
Juzgado Federal 12, decidió en noviembre pasado declinar parcialmente su
competencia para continuar trabajando estos hechos. “Basto fue el caudal
probatorio colectado y tras su análisis me convenzo de la necesidad de que sea
otro magistrado el que continúe con la investigación”, señaló Lijo en su
dictamen. “Lejos de poder sostenerse la actuación del grupo de tareas 3.3.2” en
la masacre, el magistrado vio fortalecerse la hipótesis de que “quien habrÃa
perpetrado los hechos habrÃa sido personal de la Superintendencia de Seguridad
Federal dependiente de la PolicÃa Federal Argentina”. Envió el expediente al
Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, que desde la
reanudación del proceso de juzgamiento de los crÃmenes de la última dictadura
desmenuza el rol del Primer Cuerpo del Ejército. En ésa, la causa más grande de
todo el proceso, también se investiga “Coordinación Federal”.
Los elementos
Para
Lijo, los testimonios de los sobrevivientes de la ESMA y de los marinos Balbi y
Vallejos son “los únicos” indicios que unen la masacre de los palotinos con el
campo de concentración de la Armada y su patota. En contraposición, mencionó a
varios otros elementos que permiten introducir el hecho en la lÃnea criminal de
la Superintendencia de Seguridad Federal. Más precisamente, en el accionar de
sus grupos de tareas como reacción al estallido de un explosivo en el comedor
de la sede policial, en Moreno 1431 de la Ciudad de Buenos Aires, con el que se
vincula a Montoneros.
El juez
federal opinó que “la manera en que se desarrollaron los hechos no coincide en
absoluto con el modus operandi” del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA. “El
objetivo de ese grupo, en todos los casos, era lograr el secuestro y
posterior interrogatorio de la vÃctima y no darle muerte, como fin en
sà mismo o primordial”, puntualizó, algo que “se contrapone con lo ocurrido en
la masacre desarrollada en la Parroquia de San Patricio, en el marco de la cual
las vÃctimas fueron ultimadas y sus cuerpos abandonados en el lugar; a más de
los mensajes que allà fueron dispuestos”. Se refirió a las pintadas que
pudieron observarse en la pared de la parroquia tras el crimen: “Estos
zurdos murieron por se adoctrinadores de mentes vÃrgenes" y
"Por los camaradas dinamitados de la Seguridad Federal. Venceremos. Viva
la Patria".
Luego,
Lijo citó varios fragmentos de documentos desclasificados por Estados Unidos en
los que se mencionaba a la masacre y a sus responsables. “Resulta claro
que fueron asesinados por miembros de la PolicÃa Federal, no de la Armada”,
reporta uno de los cables citados. “Se los consideró un blanco fácil en la ola
de ejecuciones extrajudiciales que la policÃa llevó a cabo en represalia por el
bombardeo a la estación de policÃa el 2 de julio”, informa otro. Un último
cable habla de “seis suboficiales de la PFA, sin autorización de un superior,
decidieron llevar a cabo un ataque en represalia contra los dos seminaristas,
lo que resultó el asesinato del 4 de julio de 1976 de tres sacerdotes y dos
seminaristas”.
El juez
mencionó también la declaración testimonial que en agosto del año pasado tomó
al policÃa retirado Armando Luchina, quien prestó funciones en
Seguridad Federal y oyó de voz de integrantes de lo que él llamó “grupo de
elite” del lugar –entre cuyos integrantes destacó a Julio “Turco Julián” Simón
o Carlos De La Llave– cómo se jactaban del operativo: "'Fuimos nosotros,
¿viste cómo se la dimos?', era el comentario general, un comentario de
tribuna”.
Rafecas y después
Según
trascendió a través de fuentes judiciales, Rafecas estaba listo para enviar el
expediente recibido del Juzgado 12 a la Cámara Federal y que fueran los
magistrados de alzada quienes definieran la competencia. En eso andaba cuando
Pablo Llonto, querellante en representación de dos vÃctimas de las represalias
de los federales por la bomba en Coordinación Federal, le pidió una serie de
pruebas que estarÃan vinculadas con el caso de los Palotinos. El pedido
apuntaba a que los hechos se investigaran de forma conjunta, como algunos de
los operativos que desarrollaron “los grupos de tareas de la Federal, durante
el 3 y 4 de julio de 1976": "HabÃan salido en ‘cacerÃa’ a vengarse de
la bomba y asà procedieron a secuestrar y asesinar militantes de distintas
zonas de Capital, o que ya estaban secuestrados, para matarlos y
‘desaparramarlos’ por lugares de Capital (Obelisco, garages, iglesias)”.
Rafecas
procedió en marzo pasado a solicitar a la Conferencia Episcopal copias de los
tomos de La verdad los hará libres –el libro donde aparece
mencionado el asesinato de los palotinos–, al juzgado de Lijo material aportado
por la autoridad eclesiástica vinculado al terrorismo de Estado y a la morgue
judicial registros “de los ingresos de cadáveres entre los dÃas 3 y 7 de julio
de 1976 y, en su caso, informe la causa de muerte constatada”. A la espera de
esa información, supeditó toda decisión sobre la competencia de la causa.
PartÃcipes necesarios
A 47
años de la masacre, el colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la
Justicia pide “decisión y determinación” para avanzar “sobre los responsables y
los partÃcipes necesarios también, algo que está sin tocar todavÃa. Seguimos
esperando justicia para la masacre que sigue bajo un manto de impunidad”,
apuntó Varela. ¿Quiénes serÃan los partÃcipes necesarios? Cuando el colectivo
fue admitido como amicus curiae, presentó ante el Juzgado un documento en el
que solicitaba que se retome la lÃnea de investigación sobre efectivos de la
ComisarÃa 37ª que habÃa quedado trunca en 1986, cuando la causa naufragó junto
a otras en el reino de las leyes de impunidad. “En 1986, el entonces fiscal
AnÃbal Ibarra procesó al entonces comisario Rafael Fensore –quien
ya falleció– y al oficial Miguel Angel Romano como partÃcipes
necesarios de la masacre. Fueron los que liberaron la zona”, explicó Varela.
“No se retomó más esta lÃnea, a pesar de nuestro pedido: estas dos personas,
más otras tres que estuvieron en la zona de los hechos –AgustÃn Báez,
SerafÃn Losada y Atilio Juárez–, supieron que iba a haber un crimen y no
hicieron nada, más el exagente VÃctor Randazzo, quien hizo el acta
del asesinato, no fueron indagados.”
Fuente: Página/12
No hay comentarios:
Publicar un comentario