Opinión
El día en que el guardián
de la Constitución se alzó contra la Constitución
Imagen: NA
En las
últimas horas la Corte Suprema de Justicia ha herido gravemente al sistema
institucional de nuestro país.
Unos y
otros, más académicos o más políticos, de uno y otro género, de mayor
antigüedad o de mas novel designación, hayan o no aceptado ser nombrados por un
mero decreto del poder ejecutivo, todos, han declarado admisible el
extraordinario (en el mal sentido) camino mamarrachesco al cual han acudido los
jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. De este modo,
aceptaron darle trámite al recurso por salto de instancia (per saltum) con
efecto suspensivo (es decir con el mandato al Consejo de la Magistratura de que
no cumpla la función establecida en la Constitución Nacional).
Ni el más
honesto pesimista hubiera imaginado este paso del máximo tribunal del país:
evidentemente hemos subestimado la capacidad de daño que posee la Cabeza del
Poder Judicial.
Hay que
decir a la comunidad, al vecino, a todos los ciudadanos, que el sistema de
nombramiento de jueces no presenta ninguna duda y no es algo que el
constituyente haya dejado librado ni al azar ni a la interpretación, ni
siquiera (y mucho menos) de la Corte Suprema de Justicia.
El Consejo
de la Magistratura se encarga de detectar las vacantes, llama a concurso de
oposición y antecedentes para cada uno de los cargos establecidos, de ese
concurso selecciona, de modo fundado, los primeros tres candidatos y eleva esa
terna al poder ejecutivo.
El poder
ejecutivo, a su vez, selecciona dentro de esa terna, al pliego de uno de los
candidatos y lo eleva para su aprobación en el senado de la nación. El senado
le da (o no) el acuerdo al candidato para ocupar un cargo judicial especificado
en su jerarquía, materia y rol procesal. Todo esto se encuentra regulado con
detalle y a prueba de cortesanos con intereses políticos en los artículos 99,
inc. 4, 114 y concordantes de nuestra carta magna.
En el pedido
vergonzante de los tres magistrados que sacaron provecho de los abusos del
poder en los últimos años del poder ejecutivo que condujo este país hasta fines
del año pasado no había ninguna gravedad institucional que atender.
Lo único
grave institucionalmente es que, el máximo tribunal, que siempre debió ser el
guardián de la constitución nacional, ahora crea que puede alzarse contra su
propia esencia.
Recordemos
que se trata de una Corte Suprema que, con esta misma integración, no sintió la
necesidad de decir ni una sola palabra frente a las cotidianas violaciones a
los derechos fundamentales que ha producido un sector importante de la justicia
penal federal.
Una Corte
Suprema que no dijo nada frente a la lesión permanente al principio de dignidad
de la persona humana y al principio de igualdad ante la ley.
Una Corte
Suprema que no notó que se caía a pedazos la vigencia de la garantía de la
defensa en juicio, o el principio de inocencia y que se calló frente al uso
inmoral y degradante de la prisión preventiva (incluso de mas de 3 años de
duración y claramente injustificadas).
Un Tribunal
Supremo, que con un sello, y luego de tener el caso durante un año, en el marco
de una discusión con el Poder ejecutivo decide sacarse de encima, entre gallos
y medianoche, el análisis de una sentencia que ha sido enormemente arbitraria
(como la de la tragedia de Once).
La
Constitución está al cuidado de esta Corte Suprema de Justicia: el zorro cuida
las gallinas.
Fuente: Página/12
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